La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha informado que la Consejería de Fomento ya ha tramitado la orden de pago de la anualidad correspondiente a 2016 y que estaba pendiente con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, con un importe total de 3.984.269,79 euros. “Con ello estaríamos al día de pago con esta comunidad en relación al convenio de transportes que tenemos formalizado entre ambas partes”, ha añadido.

Tal y como ya se expresó desde la Consejería, “no existía una deuda reconocida por ambas partes, Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid”, ha reiterado la titular de Fomento, recordando que “no ha habido incumplimiento de pago, ya que la parte que estaba pendiente de abonar era la cantidad que debería haberse liquidado durante 2017, según los términos establecidos en el convenio”; con lo que se ratificaba en desmentir las palabras de la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, y que aludían a un incumplimiento de pago por parte del Gobierno regional.

Sin embargo, a finales del año pasado no se pudo liquidar ese pago al existir una discrepancia importante entre las cantidades que reclamaba el Consorcio de Transportes de Madrid y las previstas por el propio convenio según los criterios de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha.

A finales del año 2017, la Consejería de Fomento solicitó al Consorcio que emitiera una liquidación parcial del período por la cantidad que se proponía, algo a lo que “en principio se negaron y, posteriormente, a finales de año lo hicieron, pero en una fecha en la que ya no fue posible tramitar el pago”, ha dicho la consejera, en la línea de lo que ya avanzó el director general.

Agustina García Élez ha recordado que las cantidades exigidas por la comunidad vecina suponen “un 50 por ciento más”, de 3,9 a 5,1 millones de euros, respecto a las “inicialmente previstas”. Ante esta situación, se decidió realizar un nuevo estudio de movilidad para “establecer claramente los términos en los que se debía calcular el déficit que asumía cada Administración” en la Comisión de seguimiento prevista en el convenio desarrollado por ambas comunidades.

Con esta orden de pago, el Gobierno regional está ahora a la espera de conocer el nuevo estudio de movilidad de los usuarios, condicionado por la implantación del abono joven con tarifa plana de 20 euros, algo que ha hecho que el número de usuarios jóvenes castellano-manchegos haya aumentado de 3.300 a 19.000 personas. Una vez que se conozca ese nuevo estudio, “se podrán acordar las cantidades de liquidación correspondientes”, ha aseverado la consejera.

Este estudio, que iba a realizar el propio Consorcio, todavía no se ha puesto en conocimiento de la Consejería de Fomento.

En mayo de 2017 se liquidó una deuda de 15,9 millones de euros de la anterior legislatura

En relación a las declaraciones de la consejera madrileña sobre los incumplimientos de pago del Gobierno de Castilla-La Mancha, respecto al convenio suscrito entre ambas administraciones en julio de 2016, en la pasada legislatura, el Gobierno anterior no hizo efectivo ningún pago a la Comunidad de Madrid correspondientes a los convenios suscritos en 2011 y 2013, algo que supuso una deuda acumulada de más de 13,5 millones de euros.

Además, también se adeudaban las cantidades correspondientes a 2014 y 2015, al no haberse suscrito convenio en esos ejercicios, y que la Comunidad de Madrid reclamó al Gobierno de Castilla-La Mancha como condición para suscribir el nuevo y que se pudiera seguir disfrutando, por parte de los castellano-manchegos, de las ventajas de utilización de dicho abono y, especialmente, de la tarifa plana de 20 euros para jóvenes. En total, las cantidades adeudadas suponían más de 15,9 millones de euros, que quedaron totalmente liquidadas en mayo de 2017.