Son más de 11.000 personas ocupadas las que se beneficiarán de 717 acciones de formación impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en una inversión que alcanza los 6,3 millones de euros en ayudas. Así lo remarcó en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quién compareció luego de la reunión del Consejo de Gobierno, al tiempo que explicó que se trata de una concesión a centros de formación que están homologados por la Junta de Comunidades y en régimen de concurrencia competitiva, para realizar planes de formación profesional para el empleo orientados a personas trabajadoras ocupadas.

Las actividades de tipo formativo tienen como objetivo ofrecer a personas ocupadas una formación acorde a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas regionales, a las necesidades de adaptación constante, a los cambios en el sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de trabajadores, capacitándolos para el desempeño cualificado de diferentes profesiones y permitiendo así mejorar su tasa de empleabilidad.

Programas de Formación

En este marco, se prevén actuaciones subvencionables, en primer lugar, programas de formación de tipo transversal, como los orientados a la adquisición de competencias transversales para distintos sectores productivos o competencias específicas para un sector del reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores; planes para formación intersectorial de trabajadores autónomos y para trabajadores y socios de la economía social.

También se pondrán en acción programas para la formación sectorial, con planes de formación integrados por acciones de tipo formativa vinculadas a obtener certificados de profesionalidad y programas de cualificación y reconocimiento profesional a través de mecanismos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales en el territorio de Castilla-La Mancha.

A su vez, se incluyen becas y ayudas de transporte, ayudas para la conciliación de la vida familiar, a la manutención y el alojamiento que se puedan conceder a las personas desempleadas que participen de estas acciones formativas (hasta un 30%) y la posibilidad de una compensación económica a empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales.

El 74% de los alumnos y alumnas se formará de manera presencial, y el 26% restante a través de la teleformación. Este porcentaje está en franco crecimiento con 5% más que en la versión de 2018 del plan.

Por familias profesionales, se destacan las de administración y gestión donde se formarán el 24% de los alumnos; servicios socioculturales y a la comunidad (más del 17); comercio y marketing (11%); informática y comunicaciones (10%); transporte y mantenimiento de vehículos (7%); y seguridad y medioambiente (6,5%).

Personas prioritarias

La prioridad para la participación en las acciones formativas está puesta en las mujeres mayores de 45 años, personas con necesidades formativas especiales derivadas de discapacidad mental o motora, enfermedades mentales o deficiencia sensorial, y afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

También los trabajadores que están ocupados en sectores en crisis y con baja cualificación, personas desempleadas de larga duración, trabajadores poco cualificados, jóvenes que han abandonado de manera temprana el sistema educativo y personas en riesgo de exclusión social, así como las personas refugiadas.

Los beneficiados del programa se suman a la apuesta por la formación para personas ocupadas del Ejecutivo del presidente García-Page, que a la fecha ha permitido alcanzar a 55.500 personas en el período 2015-2019, con más de 31,4 millones de euros invertidos, lo que supone un aumento del 33% respecto de la legislatura anterior.