El acceso a la vivienda en España y Portugal presenta diferencias significativas en términos de ingresos y precios. Según un estudio realizado por Century 21 Ibérica, los ingresos medios disponibles de las familias en las capitales de las comunidades autónomas en España oscilan entre los 2.900 € en Mérida y los 4.300 € en Madrid. En la mayoría de las ciudades, los ingresos se sitúan en un rango de 3.300 € a 3.700 €. Barcelona también registra ingresos medios familiares superiores a los 4.000 €. Por otro lado, en Portugal, los ingresos netos disponibles de las familias varían desde los 1.973 € en Lisboa hasta los 1.426 € en Viana do Castelo, con una media de 1.545 € en las capitales de distrito.
En cuanto al precio de la vivienda, Madrid y Barcelona son las únicas ciudades en España que presentan valores medios de adquisición superiores a los 300.000 €, seguidas de cerca por Palma de Mallorca con aproximadamente 280.000 €. Las ciudades del norte de España tienden a tener precios más elevados, con Bilbao y Pamplona destacando por encima de los 200.000 €. En el caso de las demás ciudades, los precios oscilan entre los 102.000 € y los 170.000 €, mientras que en Mérida el valor medio es cercano a los 66.000 €. En Portugal, el precio de un piso de 90 m2 varía entre los 375.480 € de Lisboa y los 59.040 € de Guarda, con una media nacional de 152.159 €. Lisboa y Oporto presentan los inmuebles con precios medios más altos, alcanzando los 375.000 € y 250.000 €, respectivamente. En las ciudades costeras, universitarias o turísticas, los precios suelen oscilar entre los 115.000 € y los 160.000 €, mientras que en el interior del país los precios son considerablemente más bajos, con la posibilidad de adquirir una casa de 90 m2 por menos de 100.000 €.
Las diferencias en los ingresos y precios de la vivienda entre España y Portugal reflejan las asimetrías existentes en el acceso a la vivienda en ambos países. En general, las familias españolas tienen una tasa de esfuerzo menor en comparación con las familias portuguesas. Barcelona es la única ciudad española en la que comprar una vivienda de 90 m2 implica un gasto mensual que supera el 33% de la tasa de esfuerzo recomendada, mientras que en el resto de las capitales españolas la tasa de esfuerzo está en torno al 20%. En Portugal, la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda es considerablemente más alta, alcanzando el 67% en Lisboa y el 50% en Oporto.
En cuanto al alquiler de viviendas, Barcelona es la única ciudad española en la que el alquiler de una vivienda de 90 m2 implica un gasto mensual que supera el 33% de la tasa de esfuerzo recomendada. En el resto de las capitales españolas, el alquiler implica destinar menos del 30% de los ingresos mensuales disponibles. En Portugal, la tasa de esfuerzo para el alquiler es aún más alta, superando el 53% en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto.
Las diferencias en el acceso a la vivienda entre España y Portugal se deben principalmente a la falta de adecuación de la oferta de viviendas al nivel de ingresos de las familias. Para resolver este problema, es necesario aumentar la oferta de viviendas que se ajusten a las expectativas y capacidades financieras de las familias. En España, se están desarrollando proyectos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte y la Estrategia Sudeste, que pondrán en el mercado un considerable número de viviendas en la capital a partir de 2024. En Portugal, el desafío del acceso a la vivienda se observa especialmente en las áreas metropolitanas de Lisboa, Oporto y Algarve, donde la concentración demográfica provoca una mayor demanda y presión sobre una oferta insuficiente de viviendas adecuadas para la clase media.
En resumen, el acceso a la vivienda presenta diferencias significativas entre España y Portugal en términos de ingresos y precios. Aunque los precios de las viviendas son similares en ambos países, las diferencias en los ingresos familiares y las tasas de esfuerzo reflejan las asimetrías en el acceso a la vivienda. Para abordar este problema, es necesario aumentar la oferta de viviendas que se ajusten a las capacidades financieras de las familias y que estén disponibles en áreas con alta demanda.
