En un esfuerzo por reforzar la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump ha firmado una nueva proclamación que restringe la entrada de nacionales de ciertas naciones consideradas de alto riesgo. Esta medida se fundamenta en la evaluación de los sistemas de control y verificación de identidades en un número significativo de países que, según informes, presentan deficiencias en sus protocolos de seguridad.
El decreto, que se basa en el anterior Orden Ejecutivo 14161, establece que es prioridad del gobierno proteger a los ciudadanos de amenazas potenciales, incluyendo el terrorismo. En este contexto, la administración estadounidense ha identificado 12 países que enfrentarán una suspensión total en la admisión de sus nacionales, entre los que se encuentran Afganistán, Irán, y Somalia, todos los cuales han sido señalados por la falta de un gobierno central competente, así como por las altas tasas de sobreestadía de sus ciudadanos.
Adicionalmente, se ha establecido una suspensión parcial para otros siete países, donde también se ha observado una falta de cooperación en la aceptación de nacionales que deben ser deportados y un historial de terrorismo. Entre estos países se encuentran Cuba y Venezuela, que han sido categorizados como patrocinadores estatales del terrorismo.
La proclamación se divide en secciones que explican el propósito y las políticas de esta restricción. En ella, se detalla la importancia de los procesos de control en la emisión de visas y cómo estos son esenciales para salvaguardar la seguridad pública. El presidente ha ordenado al Secretario de Estado y a otros altos funcionarios que diseñen un plan para abordar las deficiencias en los controles de identidad de estos países, buscando mejorar la cooperación en materia de seguridad.
Se destaca que la medida busca no solamente mitigar los riesgos inmediatos, sino también fomentar un diálogo con naciones dispuestas a mejorar sus protocolos de información y gestión de identidades. Trump también ha manifestado su compromiso de trabajar con aquellos países que estén dispuestos a colaborar eficazmente en estos temas.
Sin embargo, el decreto ha generado críticas y cierta controversia. Los opositores argumentan que tales restricciones pueden ser excesivas y discriminatorias, además de no abordar las raíces de los problemas migratorios y de seguridad. Algunos expertos en seguridad sostienen que mejorar los procesos de verificación es esencial, pero que la implementación de restricciones tan severas podría alejar a aliados potenciales y afectar las relaciones diplomáticas.
La proclamación entrará en vigencia a partir del 9 de junio de 2025, y establece excepciones para ciertos grupos, incluidos residentes permanentes legales y casos que impliquen intereses nacionales críticos. Mientras tanto, el debate sobre los métodos más adecuados para garantizar la seguridad de Estados Unidos continúa, reflejando las tensiones entre protección y apertura en la política migratoria de la nación.
Fuente: WhiteHouse.gov
