El reciente Proclamación firmada por el presidente Donald J. Trump tiene como objetivo reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos al restringir la entrada de ciertos nacionales extranjeros considerados como amenazas por su relación con el terrorismo y la seguridad pública. Esta acción se enmarca dentro de las políticas migratorias del actual gobierno y busca seguir los protocolos establecidos por la ley estadounidense, específicamente el Acta de Inmigración y Nacionalidad.
En virtud del Decreto Ejecutivo 14161, emitido el 20 de enero de 2025, las agencias de seguridad nacional han llevado a cabo una evaluación exhaustiva de la posible amenaza que presentan diversas naciones. La revisión ha permitido identificar un grupo de 12 países que, debido a sus ineficientes procesos de control y evaluación, han sido considerados de muy alto riesgo: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. El ingreso de nacionales de estas naciones quedará completamente restringido.
Adicionalmente, se aplicarán restricciones parciales a siete países más: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, que también han mostrado niveles de riesgo significativos relacionados con la seguridad nacional. Las restricciones son especialmente necesarias para facilitar la cooperación de gobiernos extranjeros en el cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses y abordar preocupaciones en áreas de política exterior y contrarresto del terrorismo.
La declaración de Trump se reafirma en la premisa de que es su deber proteger a los ciudadanos estadounidenses de aquellos que podrían representar una amenaza. Este principio fue validado por la Corte Suprema en el caso Trump v. Hawaii, donde se confirmó que el presidente tiene la autoridad para imponer restricciones en la entrada de extranjeros bajo el artículo 212(f) del Acta de Inmigración y Nacionalidad.
El Proclamación también contempla excepciones para residentes legales, titulares de visas existentes, ciertos tipos de visas y las personas cuya entrada sea de interés nacional para Estados Unidos. El presidente enfatiza que dicha política busca no solo prevenir la entrada de potenciales terroristas, sino también abordar problemas relacionados con la sobreestadía de visas y la falta de cooperación de ciertas naciones en compartir información crítica sobre amenazas.
Estados Unidos, según el informe de sobreestadía del Departamento de Seguridad Nacional, ha identificado altos índices de sobreestadía con tasas alarmantes en varios de los países mencionados. Esto pone de relieve la necesidad de una regulación más rigurosa para manejar las implicaciones de la inmigración en la seguridad nacional.
Con un discurso que recuerda la clave de su campaña, Trump se ha comprometido a restaurar lo que él denomina la «prohibición de viajes», buscando con ello mantener a a raya a los «terroristas radicales islámicos». Afirmaciones que han resonado en el electorado que prioriza la seguridad y la soberanía estadounidense. En este sentido, el nuevo Proclamación se presenta como una continuación de las políticas de su primer mandato, que también se centraron en la restricción de entrada a países percibidos como de alto riesgo.
En resumen, la administración actual reafirma su posición respecto a la inmigración, apelando a la seguridad nacional y a la necesidad de controlar el ingreso de personas procedentes de ciertos países. Esta controversia política sigue generando debates intensos sobre la naturaleza y estrategia de las políticas migratorias de Estados Unidos en un contexto global cambiante.
Fuente: WhiteHouse.gov
