El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue reuniendo el apoyo de los grupos políticos con representación en las Cortes regionales para la declaración institucional que firmaron en Zaragoza seis presidentes autonómicos, entre ellos Emiliano García-Page. La misma busca una reforma del sistema de financiación autonómica y de los fondos de la política de cohesión europea.

Ha sido durante un debate general, en el que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de esta declaración institucional, que fue firmada en Zaragoza por los presidentes de Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y La Rioja, además del de Castilla-La Mancha.

Ruiz Molina resaltó que

“tanto la financiación autonómica como la lucha contra el declive demográfico son asuntos que transcienden los intereses partidistas y que exigen de cada responsable político una altura de miras, más allá de las siglas de sus respectivos partidos, para defender, no sólo los intereses de la región que representa, sino también los intereses generales de España”.

También recordó que ambos asuntos tienen como punto de inicio dos de los acuerdos previamente suscritos en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, asuntos que deben ser liderados por el Gobierno de España, pero en los cuales también deben tener un papel protagónico y proactivo las Comunidades Autónomas. Entre todos se deben alcanzar los acuerdos en base al consenso, el carácter multilateral y la inclusión.

En definitiva, Ruiz Molina ha descrito la declaración institucional de Zaragoza como “una muestra fehaciente de las bondades del Estado autonómico, que promueve la negociación, el consenso y el interés general en los grandes asuntos de Estado, como son el modelo de financiación autonómica o la lucha contra el declive de la población en muchas de las zonas del país”.

Un ejemplo de ese esfuerzo común para reforzar lo que nos une y mitigar al máximo lo que nos separa es la declaración institucional suscrita por los seis presidentes autonómicos, que tiene como principal nexo de unión la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que viven estas seis regiones y en toda España.

En cuanto a la declaración, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que, por un lado, aborda los principios fundamentales que deben sustentar la reforma del modelo de financiación y, por otro, incluye un conjunto de propuestas para hacer frente al problema de despoblamiento, así como la demanda de una política de fondos de cohesión, en la que no se reduzca su cuantía y que también valore otros criterios de reparto, además del PIB per cápita.

Acuerdo en la filosofía del nuevo modelo de financiación

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas subrayó que la declaración firmada, y relacionada con el ámbito del sistema de financiación, refleja que las seis Comunidades Autónomas sin estar de acuerdo en todo, comparten una filosofía basada en sustentar la financiación de las Comunidades Autónomas para los próximos años.

Así, los gobiernos firmantes reclaman corregir los déficit de financiación que presenta el actual modelo, por lo que es necesario dotar al modelo de mayores recursos. En el caso de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina ha recordado que necesita cada año en torno a 1.000 millones de euros adicionales a los que ha recibido hasta ahora del modelo de financiación para poder prestar un nivel de prestación de servicios equivalente a la media nacional.

Igualmente, en la declaración se recoge que es preciso abordar una reestructuración de la deuda que mantenemos las Comunidades Autónomas con el Estado, ya que las deficiencias del actual modelo explican en parte el exceso de endeudamiento de las regiones.

En relación a los principios que deben inspirar el nuevo modelo de financiación, Ruiz Molina ha relatado que la declaración contempla como fundamentales el principio de equidad, para garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios; el principio de suficiencia, el principio de solidaridad y el principio de nivelación total, este último fundamental para Castilla-La Mancha y que se basa en que todos los recursos del sistema se repartan en función de un conjunto de variables que pongan de manifiesto el verdadero coste que supone la prestación de los servicios púbicos en cada Comunidad Autónoma.

De igual modo, las seis regiones firmantes abogan por que no haya competencia entre las Comunidades Autónomas en la imposición de los tributos comunes, y por un modelo estable que no esté afectado por los vaivenes del ciclo económico.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que el documento rubricado también recoge el principio de lealtad institucional, para que decisiones del Estado no afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas, y el principio de multilateralidad, para que todas las decisiones en materia de ingresos y gasto que afecten a las Comunidades Autónomas se discutan y adopten en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Instrumentos específicos para zonas afectadas por cambios demográficos

En relación con la segunda parte de la declaración institucional, la relativa a los fondos de la política de cohesión europea, tal como ha relatado Ruiz Molina, la declaración institucional aborda la necesidad de utilizar otras variables a la hora de distribuir el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) entre las regiones, como podría ser el envejecimiento de la población, la evolución de la población, la dispersión territorial o la emigración, dado que actualmente se distribuye entre las regiones atendiendo a una variable, que es el PIB per cápita.

Además, las Comunidades firmantes plantean que la política de cohesión europea debe prever instrumentos específicos para las zonas más afectadas por los cambios demográficos.

También se pide el incremento en el próximo marco presupuestario de las dotaciones a las regiones europeas, o al menos, el mantenimiento del nivel de fondos actuales para no poner en peligro el desarrollo local y regional.