El director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla-La Mancha, Juan José Cruz García, para abordar diversos aspectos que en materia de edificación atañen a este colectivo profesional. En el encuentro, desarrollado en la Consejería de Fomento, también han estado presentes técnicos de vivienda de la Dirección General.
Carrillo ha recordado que el Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla-La Mancha es una entidad de derecho público creada por Decreto de la Junta de Comunidades, de 23 de noviembre de 2004, que representa a los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de cuatro de las cinco provincias de la comunidad.
El encuentro se ha centrado en las aportaciones que, desde el Consejo, se han realizado al proyecto de decreto que regulará el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) y que actualmente está en tramitación. En este sentido, el director general ha dicho que Cruz ha mostrado su conformidad a que la nueva regulación, derivada la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que operó la Ley 3/2016, haya unificado para la Comunidad Autónoma en una sola figura, las anteriormente existentes de la Inspección Técnica de Edificios y del Informe de Evaluación del Edificio, actuación a la que se ha sumado la ampliación de esta figura para los edificios no sólo de uso residencial, sino también de cualquier otro cuya edad supere los 50 años.
Finalmente, el presidente del Consejo ha abogado por la apertura en la normativa estatal que regula las atribuciones de las distintas profesiones en las actividades de naturaleza edificatoria a la figura de los ingenieros técnicos industriales como profesionales idóneos para tales labores, según ha relatado José Antonio Carrillo.
El Decreto en proyecto del Informe de Evaluación del Edificio avanza en su tramitación y ya ha sido dictaminado favorablemente, tanto por la Comisión Regional de Vivienda, como por el Consejo Regional de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, y constituirá una regulación idónea para este instrumento cuya función es evaluar el estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética de edificaciones catalogadas o protegidas, con más de 50 años o que quieren optar a ayudas públicas para su rehabilitación.