Castila-La Mancha va a finalizar esta legislatura con un total de 17 grupos comerciales constituidos en el sector agroalimentario gracias al impulso aportado por el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page. En concreto, se trata de cinco Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) y doce agrupaciones de productores, las seis existentes en este momento y las seis nuevas que se van a constituir en próximas fechas. Detrás de todas ellas hay 63.000 socios y 700 millones de euros de facturación, cifras que suponen un resumen del “trabajo y esfuerzo” de esta legislatura en el sector cooperativo.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo así lo expreso en su intervención durante el desayuno informativo ‘Prácticas comerciales desleales en la cadena de valor agroalimentaria y reforma de la PAC’. Fue organizado por la delegación espeañola del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que sirvió como presentación oficial a nivel europeo de esta nueva directiva que lucha contra las prácticas comerciales en el sector agroalimentario y que se ratificará en el Parlamento Europeo el próximo 12 de marzo.
En el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo se han dado cita cerca de un centenar de representantes del mundo económico, social, agroalimentario, sindical y político de la región, que han podido conocer de primera mano las últimas novedades sobre este asunto de voz de europarlamentarios como el secretario de la delegación española, Sergio Gutiérrez; así como los vicepresidentes de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo, Paolo Di Castro y Clara Aguilera, que han trabajado esta normativa directamente.
En el encuentro, Martínez Arroyo destacó el trabajo de la región a través del impulso de agrupaciones comerciales, que las hace más fuertes y garantiza la protección de los dos eslabones de los extremos en la cadena agroalimentaria, los agricultores y los ganaderos. Así se busca hacer rentables las explotaciones y proteger a los consumidores finales, a los que se garantiza la mejor seguridad alimentaria.
Y es que, ha incidido, “hemos trabajado en equipo y hemos tirado todos de un carro, sobre todo porque agricultores y ganaderos tienen más problemas a la hora de negociar en la cadena agroalimentaria”. Además de reformar esta estructura comercial como se ha hecho desde el Gobierno regional, ha insistido, en que es importante “proteger” sus derechos a nivel europeo.
En esta línea, ha agradecido que se haya elegido Toledo para presentar la directiva que lucha contra prácticas comerciales desleales en sector agroalimentario, algo fundamental ha dicho, porque es una directiva que dará “más peso” a los agricultores y ganaderos en la cadena agroalimentaria, siendo éstos el eslabón más débil y la base de pirámide, y por ello necesitan mayor protección.
Así, el consejero recordó que la ley de la cadena agroalimentaria existente a nivel nacional les protege, pero se necesitaba de esta directiva a nivel europeo. Tras el acuerdo alcanzado, se ratificará en el Parlamento Europeo el próximo 12 de marzo.
Entre otros asuntos, la directiva, dijo, recoge que los compradores de productos agroalimentarios no le impongan sus condiciones a los vendedores, o en relación a los pagos, que el abono se realice dentro de un plazo determinado, como ya se hace en España. En el territorio europeo, 30 días sería en el caso de los productos perecederos y 60 para los que no lo son.
Contar las historias de los productos para llegar al consumidor europeo
Sobre los productos agroalimentarios, ha querido resaltar el avance que se ha logrado para que sean los propios consumidores quienes comiencen a demandar en el etiquetado información detallada en los productos, incluida la información “intangible”.
Entre ella, el cómo se ha elaborado o de dónde proviene y es algo necesario que debe quedar reflejado, dado que el consumidor europeo será quien valore más aún esos productos, solo “si somos capaces de contar sus historias”, porque en ningún sitio, ha remarcado, hay un medio rural tan estructurado como el que existe en España.
Jóvenes con ganas de innovar en el sector
Además, Martínez Arroyo puso sobre la mesa la importancia del relevo generacional y la innovación en el sector. Así, ha dicho que en Castilla-La Mancha se ha producido un incremento de un 14 por ciento en el número de beneficiarios de la PAC menores de 40 años de edad, algo que refleja el esfuerzo que se está realizando por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su apuesta por el relevo generacional, que con dos convocatorias de incorporación de jóvenes al campo, va a suponer que en cuatro años sean 2.500 los hombres y mujeres que inicien su proyecto en el medio rural.
Éste, ha subrayado, es un dato “esperanzador” de un sector, el agroalimentario, que “ve con ganas de innovar el futuro” y así lo está afrontando y para esos jóvenes, ha insistido, “hay que ir mucho más allá porque hay que garantizarles una normativa de mercado que les permita competir en igualdad de condiciones”.
