El Gobierno de Castilla-La Mancha exige “responsabilidades” al PP por el presunto fraude de hasta 600 millones de euros de la desaladora de Escombreras (Cartagena), tal y como refleja el Informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), que se encuentra tramitado en el Juzgado de Murcia, y que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha calificado de “pelotazo”.
El titular de Agricultura del Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha asegurado que “es una cuestión muy grave”, y ha instado al PP a “dar una respuesta por tratarse de dinero público, y que evidencia que de esa forma no se está repartiendo el agua entre todos, sino que se están beneficiando unos pocos”.
“Con el agua se ha hecho negocios turbios, sin transparencia”, ha afirmado el consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha, quién ha pedido que se conozcan todos los datos, y ha argumentado la necesidad urgente de que la Administración General del Estado “incluya a todos en el Pacto nacional en materia de agua para que la Comunidad Autónoma sea parte activa de ese acuerdo”, ha aseverado.
Durante la atención a los medios de comunicación, Martínez Arroyo ha argumentado la necesidad de que en esta materia se trabaje “de la mano”, pero “defendiendo los derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, y ha reiterado que “con nosotros no cuenten con la guerra de agua entre regiones, sino que el agua genere desarrollo en la Comunidad Autónoma”.
