La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, firmó con el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban Ortega, el tercer convenio para colaboración con la entidad. El objetivo es desarrollar el Plan Regional contra la Pobreza Energética para el año 2018.
El convenio se firmó en la Consejería de Bienestar Social e incluye diferentes novedades. Entre ellas, la posibilidad de beneficiar a las familias con dos ayudas económicas al año de 150 euros de acuerdo a la prescripción del trabajador social de Atención Primaria.
También contempla la incorporación de las Ayudas de Emergencia Social para prevenir cortes de suministros energéticos; la formalización de nuevos convenios con otras empresas suministradoras de energía, además de Gas Natural e Iberdrola; y la cofinanciación del 50 por ciento de la factura de los hogares que tengan reconocido el bono social como consumidor vulnerable severo.
Además, se actualizará y ampliará el protocolo de colaboración con la Consejería de Bienestar Social en materia de consumo.
“Se trata de un plan que forma parte de la Estrategia Regional contra la Pobreza en Castilla-la Mancha”, ha resaltado Sánchez, quien ha apuntado que esta estrategia plantea, entre otros objetivos, reducir el número de personas que no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, particularmente, las familias que tienen hijos menores de 16 años a cargo.
Balance
La consejera explicó que el plan, puesto en marcha en 2016, ya ha beneficiado a 57.000 castellano-manchegos, y casi la mitad de est cifra son menores de edad.
En total, se han beneficiado de las ayudas económicas 54.500 personas, al tiempo que se han paralizado 1.046 cortes de suministro, que han llegado a 2.500 ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, se ha referido al Real Decreto del Bono Social y ha pedido al Gobierno de España que mejore la gestión, al tiempo que ha defendido las acciones realizadas por el Gobierno de Emiliano García-Page para evitar las carencias energéticas de las familias de la región.
“Hay que mejorar la gestión del bono social y tiene que haber responsabilidad por parte del Gobierno de España”, ha aseverado la consejera, quien ha insistido en pedir al Estado que “sea responsable con las medias que pone en marcha”.
