El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha trasladado a los representantes de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha las propuestas del Ejecutivo autonómico para la reforma del Estatuto autonómico. Un encuentro en el que, finalmente, se ha acordado la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía “que mejore la capacidad de autogestión de la región”.
Así lo ha trasladado el vicepresidente tras el encuentro, celebrado en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que el Ejecutivo ha trasladado sus propuestas a los grupos para que, “en un plazo breve de tiempo nos hagan llegar las cuestiones que creen que tienen que incorporarse”. El siguiente paso será la creación de mesas de trabajo para comenzar con la redacción del nuevo texto.
El objetivo, tal y como ha señalado Martínez Guijarro, es que “este verano pudiéramos tener un texto en las Cortes de Castilla-La Mancha” para que antes de que termine el año “pudiera estar presentado en el Congreso de los Diputados”.
Entre las propuestas que ha trasladado el Gobierno de Castilla-La Mancha en este primer encuentro, el vicepresidente ha señalado que el nuevo Estatuto de Autonomía debe incorporar “un sistema de blindaje de derechos sociales y económicos en la región”, así como abordar “los asuntos relacionados con la regeneración institucional” y la arquitectura institucional de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, Martínez Guijarro ha apuntado a la necesidad de mejorar “la capacidad legislativa de Castilla-La Mancha” incorporando en el nuevo Estatuto la capacidad de poder elaborar Decretos Ley, ya que el actual no lo contempla, y mejorar el régimen competencial en el nuevo texto, adaptándolo a los nuevos conceptos económicos que aparecen a nivel internacional.
Financiación Autonómica
La propuesta del Ejecutivo establece que en el nuevo Estatuto deben incluirse los principios del modelo de financiación que garanticen la aplicación efectiva del principio de igualdad en el disfrute de los derechos públicos y de las prestaciones sociales, independientemente del lugar de residencia o vecindad administrativa de los ciudadanos, sea el medio rural o sea el entorno urbano.
Para ello se establece como necesario la introducción de nuevos parámetros para la cuantificación del coste de los servicios en función de población, dispersión geográfica y envejecimiento de la población.
Un Estatuto “para las siguientes generaciones”
Desde el Ejecutivo castellano-manchego ha trasladado su propuesta de impulsar la redacción del texto a través de una Proposición de Ley impulsada desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, si bien se da la opción de que pueda iniciarse el trámite a través de una Proposición No de Ley impulsada por los grupos parlamentarios en las Cortes regionales.
La condición que marcará todo el proceso, tal y como ha subrayado el vicepresidente, es que el texto que salga de las Cortes de Castilla-La Mancha sea consensuado entre todas las partes. “Si no hay consenso no avanzaremos en ese camino”, ha apuntado, ya que lo que persigue el Gobierno es “hacer un estatuto que sirva para las siguientes generaciones”.
A esta primera reunión han asistido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes regionales, Carmen Picazo, la diputada regional del grupo parlamentario del Partido Popular, Lola Merino; la portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Autonómico, Isabel Abengózar; así como el diputado nacional por el PSOE, Sergio Gutiérrez y el senador del PP, Francisco Cañizares.
