El Gobierno regional estima que Castilla-La Mancha para poder prestar un nivel de servicios públicos equivalente a la media nacional tendría que haber recibido en el periodo comprendido entre 2009 y 2015 unos recursos adicionales del sistema de financiación autonómica de más de 8.000 millones de euros.
Son las principales conclusiones que brindó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el informe de ‘Cuantificación de la insuficiencia de recursos de Castilla-La Mancha para conseguir alcanzar la media de gasto del conjunto de comunidades autónomas’.
El informe fue elaborado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y utiliza una metodología similar a la empleada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para cuantificar los faltantes de recursos en la comunidad autónoma.
Según este análisis, el actual reparto de recursos perjudica a Castilla-La Mancha porque “le impide alcanzar el nivel medio de gasto por habitante para la prestación de servicios del conjunto de comunidades autónomas”, ha afirmado Ruiz Molina.
En concreto, esa insuficiencia de recursos para poder prestar un nivel de servicios equivalente a la media nacional fue en 2015, el último año del estudio, de aproximadamente unos 1.100 millones.
Haciendo el cálculo extensivo de 2009, primer año de vigencia del modelo de financiación autonómica, hasta 2015 la comunidad ha tenido una merma de 8.000 millones de euros. Por ese motivo desde Castilla-La Mancha reclaman una reforma en el modelo de financiación que está siendo perjudicial a los intereses de diferentes regiones, impidiendo que se alcancen los servicios públicos fundamentales en el nivel de gasto medio.
“Es de justicia para las comunidades autónomas, pero especialmente para Castilla-La Mancha, que se aborde cuanto antes una reforma del modelo de financiación que está siendo claramente perjudicial para los intereses de nuestra región y que imposibilita que alcancemos en, al menos, los servicios públicos fundamentales el nivel de gasto medio en el que vienen incurriendo las comunidades autónomas”, ha defendido Ruiz Molina.
Esta insuficiencia de recursos también se ha dado en el conjunto de comunidades autónomas, por lo que, según los cálculos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, las regiones necesitarían más de 17.000 millones al año de recursos adicionales.
La distribución de los recursos no refleja adecuadamente el mayor coste de prestación de los servicios en determinadas comunidades autónomas
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha mencionado entre las causas de esa infrafinanciación para el modelo en su conjunto y, en particular, para Castilla-La Mancha, el hecho de que los recursos no se distribuyan en función de las necesidades y de los costes que suponen para las regiones la prestación de los servicios públicos que son de competencia autonómica.
«Es decir, esa distribución de recursos no refleja adecuadamente el mayor coste que en determinadas comunidades autónomas cuesta prestar los servicios públicos fundamentales, como podría ser la educación o la sanidad. Algo que se pone de manifiesto aún más en una comunidad autónoma como la nuestra, con una gran extensión, con una gran dispersión de la población y con problemas como pudiera ser el despoblamiento», ha enfatizado Ruiz Molina.
Para poner de manifiesto la diferencia de costes en la prestación de los servicios públicos, Ruiz Molina ha puesto de ejemplo la provincia de Guadalajara, en la que la prestación sanitaria en atención primaria cuesta cuatro veces más por tarjeta sanitaria en la zona de Molina de Aragón que en un centro de salud de la capital.
Algo similar ocurre en el apartado de educación, ya que los costes por alumno en un colegio de la capital son de 2.700 euros, y el aumento alcanza hasta 6.100 euros en una centro de la zona de la sierra, más del doble.
Estos ejemplos para la provincia de Guadalajara son extrapolables a las comunidades autónomas, ya que el coste en la prestación de la atención sanitaria no es el mismo en regiones muy densamente pobladas, como puede ser la Comunidad de Madrid, que en otras que sufren problemas de despoblamiento, como es el caso de Castilla-La Mancha.
Redefinir las variables de la población ajustada y la compensación de la infrafinanciación, entre las reivindicaciones de Castilla-La Mancha
A la vista de los resultados de este informe, y de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, Castilla-La Mancha propone aumentar los recursos del conjunto del sistema para cubrir la insuficiencia general, estimada en unos 17.000 millones de euros al año.
La discusión también llama a defender que el reparto de recursos se haga en totalidad de acuerdo a la población ajustada. Esto implica tener en cuenta variables socioeconómicas, ya que en la actualidad solamente se aplican estos criterios en un 75 de los recursos, y luego se aplican variables que no reflejan el coste para Castilla-La Mancha de prestar esos servicios públicos.
Precisamente este último punto, será otra de las reivindicaciones de Castilla-La Mancha en el nuevo modelo de financiación, en el que reclamará definir adecuadamente las variables de la población ajustada para que recoja el coste real en el que incurre la región para prestar los servicios públicos, de manera que se valore la dispersión de la población, la extensión geográfica o el envejecimiento.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha subrayado, que dada la merma de recursos que ha sufrido Castilla-La Mancha con este modelo de financiación, propondrá al Estado que establezca mecanismos para compensar a la región, como podría ser el reconocimiento de una deuda histórica o bien una reestructuración de la deuda que tiene la Comunidad Autónoma como consecuencia de esa infrafinanciación del propio sistema.
«Primero, aumentar los recursos; segundo, distribuirlos en su totalidad de acuerdo con la población ajustada; tercero, discutir las variables y, cuarto, que se le reconozca a nuestra Comunidad Autónoma esa merma de recursos”, ha resumido Ruiz Molina.
A estas reivindicaciones hay que sumar la de una armonización fiscal para el conjunto de comunidades autónomas de régimen común y la petición de lealtad institucional al Estado.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado su intervención señalando que “Castilla-La Mancha no pretende obtener más recursos que el resto de comunidades autónomas, lo único que pretende es contar con los recursos que le permitan tener un nivel de gasto similar al nivel de gasto medio que mantienen las Comunidades Autónomas, porque consideramos que los ciudadanos deben tener acceso a los servicios públicos con los mismos estándares de calidad, con independencia del territorio donde vivan y de la capacidad económica que tengan ellos o su comunidad autónoma».
