El Gobierno regional publica en el DOCM la segunda convocatoria de ayudas para tratamientos selvícolas por 25 millones de euros

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, publicará hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la segunda convocatoria de ayudas para tratamientos selvícolas, que con un importe de 25 millones de euros, ayudará a la prevención de incendios forestales contribuyendo, además, a “favorecer el tejido empresarial” en las pequeñas localidades, fomentando la creación de empleo y “vertebrando” así el territorio.

Así lo destacó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien explicó que las ayudas están englobadas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, y fueron recuperadas por el actual Gobierno regional. Ya se realizaron dos convocatorias para este fin en la presente legislatura.

Martínez Arroyo ha incidido en que, además de impulsar las acciones relacionadas con la protección del medio ambiente, mediante la realización de tratamientos selvícolas en bosques y zonas forestales con la finalidad de mejorar su estructura como masa forestal, favoreciendo su conservación, conservando y mejorando la biodiversidad, estas ayudas suponen un importante catalizador para el tejido empresarial forestal regional, que en la mayor parte de las ocasiones se nutre de trabajadores ubicados en las propias zonas rurales, impulsándose, además, la comercialización del producto a través de cooperativas forestales ubicadas en el mismo territorio.

Los destinatarios de las ayudas serán entidades locales, personas físicas o personas jurídicas, públicas o privadas, o las asociaciones titulares de derechos reales de posesión, propiedad o usufructo de montes y superficies forestales.

Entre las  novedades respecto a la convocatoria anterior de 2017, en esta convocatoria, se admite como beneficiarios a las entidades públicas locales que sean titulares de montes declarados de utilidad pública. De la misma forma, se suprime el doble periodo de presentación de documentación, simplificando la tramitación del expediente y reduciendo los plazos de resolución.

La convocatoria, una vez publicada, espera alcanzar los 1.000 beneficiarios finales.

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