Ciudadanos considera que la necesaria modernización de la Justicia en España pasa indiscutiblemente por “una dotación económica suficiente y adecuada”. Así lo ha reclamado la líder de la formación naranja en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo. “No hay más vueltas que darle, hace falta dinero”, ha subrayado, en línea con lo expuesto esta misma semana por el portavoz del partido de centro en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal. Precisamente Picazo, acompañada por los también diputados autonómicos Alejandro Ruiz y David Muñoz Zapata y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Cuenca, Cristina Elena Fuentes, ha mantenido este viernes una videoconferencia de trabajo con el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.
Desde el partido de Inés Arrimadas consideran que es fundamental agilizar los procesos judiciales y modernizar los medios a disposición de los profesionales, para lo cual coincide con los abogados en que la actual inversión presupuestaria es claramente insuficiente, algo incomprensible teniendo en cuenta que la Justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Precisamente la actual crisis económica puede agravar la situación de la Justicia, según reclaman los abogados.“La situación ya era mala antes, pero ahora es horrorosa y será una hecatombe si no se toman las medidas adecuadas”, alertan.
Los juicios telemáticos, una asignatura pendiente
En este sentido piden, en sintonía con Ciudadanos, que el Gobierno de España promueva de manera clara y decidida el teletrabajo en el ámbito judicial para evitar un colapso a causa del confinamiento, con la vista puesta en posibles rebrotes que pudieran darse en un futuro próximo. “Queremos poder trabajar cuanto antes con normalidad de forma presencial, con todas las garantías sanitarias, pero la administración debe tomarse en serio la habilitación de juicios telemáticos, que de momento es una asignatura pendiente”, solicitan desde el Consejo.
Por otra parte, Ciudadanos insiste en que los abogados, como el resto de los profesionales liberales adscritos a mutualidades especiales, deben ser considerados autónomos a efectos de las ayudas económicas que éstos puedan recibir. “Si trabajan como autónomos, cotizan como autónomos y sufren las consecuencias de la crisis como los autónomos, la administración debería tenerles en cuenta también a ellos”, ha reivindicado Picazo. Cabe resaltar, además, el esfuerzo que los colegios profesionales vienen realizando en las últimas semanas ante el perjuicio económico que sufren muchos de sus miembros, “haciendo verdaderos esfuerzos” para que ninguno de ellos quede desprotegido por no poder pagar la cuota.
