Con el objetivo de priorizar los derechos humanos en la región, Amnistía Internacional a través de un escrito al Gobierno Regional, ha solicitado al nuevo Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, una reunión con los grupos parlamentarios. Con esta reunión cel organismo internacional, tiene como objetivo darles a conocer las razones por las que esta legislatura, es la oportunidad perfecta para priorizar los derechos humanos en la política regional, así como defender el Articulo 1 de la Declaración Universal: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” como su mantra prioritario en su acción de gobierno y legislativa.
Amnistía Internacional solicita a los representantes electos de la nueva legislatura que aprovechen la oportunidad, y trabajen en consolidar y blindar todos los derechos humanos y valores que preocupan a los habitantes de la región. Al respecto, Amnistía Internacional pide que en su actuación a lo largo de los próximos cuatro años, busquen priorizar los derechos humanos en Castilla-La Mancha a través de:
1. Abogar por la adopción, a nivel estatal, de un Plan Nacional de Derechos Humanos con vocación de continuidad y enriquecimiento, que incluya medidas concretas y mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes que faciliten el control por parte tanto de la sociedad civil como de las fuerzas parlamentarias.
2. Mantener una política abierta hacia la sociedad civil con reuniones periódicas y un diálogo continuado que tenga por objetivo el desarrollo legislativo y la puesta en práctica de medidas e iniciativas tendentes a la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos.
3. En la acción exterior, la defensa de los derechos humanos tiene que ser un interés autonómico a perseguir con las autoridades de otros países en los que se cometen graves violaciones de derechos humanos, asegurando su incorporación en las agendas políticas, su tratamiento en todos sus encuentros bilaterales así como en el marco de los acuerdos y convenios alcanzados.
4. Impulsar iniciativas en relación con los principales retos globales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, promover declaraciones institucionales que aborden respuestas directas ante desafíos universales en el ámbito de los derechos humanos como, en particular, los derechos de las mujeres en el mundo, la libertad de expresión o la abolición de la pena de muerte.
5. Promover iniciativas de reconocimiento y apoyo público a la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el mundo, así como de apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, con especial atención a determinados colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual y trata; la infancia, los presos de conciencia o las personas LGBTI. A tal fin, por ejemplo, elevar peticiones de apoyo a defensores y víctimas a las embajadas de sus países de origen.
6. Asumir un compromiso claro con los derechos de las personas migrantes y refugiadas que huyen del conflicto, la guerra y la persecución, poniendo el foco en aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como los/as menores extranjeros/as no acompañados/as (MENA), o las mujeres víctimas de violencia de género -incluidas entre otras las víctimas de trata-, facilitando una acogida adecuada e impulsando vías legales y seguras.
7. Promover y garantizar el respeto y la protección del derecho a la salud, garantizando el acceso al sistema sanitario de todas las personas, sin discriminación. A tal efecto, han de eliminarse las restricciones de acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes como consecuencia de su situación administrativa.
8. Garantizar la realización efectiva del derecho a una vivienda adecuada, asequible y accesible, configurando el acceso a la vivienda no como un bien de consumo sino como un derecho de naturaleza social. En particular, ha de ponerse fin a los desalojos forzosos y desarrollar de manera urgente legislación autonómica en materia de vivienda social.
9. Combatir la violencia de género, incluida la violencia sexual y la trata, promoviendo la formación especializada de los profesionales del ámbito sanitario, policial y judicial, dotándolos de la suficiente preparación en materia de información, atención y trato a las víctimas. Habilitar recursos especializados suficientes tales como centros de crisis para que las víctimas de violencia sexual puedan obtener protección, atención y acceso a justicia de forma efectiva, alcanzando el compromiso de no emprender recortes presupuestarios en este ámbito. Además, garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género, y violencia sexual.
10. Asumir un rol activo en las labores de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de víctimas de desaparición forzosa durante la Guerra Civil y el franquismo, así como en su devolución a los/as familiares; impulsar medidas de apoyo y asistencia a las víctimas de sustracción de recién nacidos, y/o sustitución de su identidad, entre otras, estableciendo mecanismos que posibiliten a estas personas el acceso a archivos y documentación referente a sus procedimientos de adopción. Además, promover normativa autonómica que garantice la verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familiares.
11. Garantizar que la normativa autonómica de educación, en el porcentaje del currículo correspondiente a las Comunidades Autónomas, incluye contenidos de derechos humanos. Asegurar asimismo contenidos de derechos humanos en la formación permanente del profesorado y del personal no docente de los centros educativos. Adoptar medidas efectivas contra el acoso escolar, incluyendo programas de ayuda entre iguales obligatorios en todos los centros educativos.
