Los vigilantes de seguridad de las prisiones de las comunidades de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha se movilizaron ayer en la capital de España, en Ciudad Real y en Bajadoz, para exigir el Ministerio de Interior una solución que les permita volver lo antes posible a sus puestos de trabajo, ahora cubiertos de urgencia por Guardia Civil y Policía.
La protesta viene originada por la situación del servicio de seguridad, que emplea a más de 250 vigilantes en 15 prisiones de la zona centro, alrededor de un centenar en CLM, y que el Ministerio sacó a concurso y ninguna empresa quiso licitar, quedando desierto. Así, el pasado 1 de enero el Ministerio de Interior tuvo que enviar de urgencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a cubrir el servicio, donde aún siguen.
Este lote del servicio de seguridad de prisiones venía siendo gestionado por la empresa Ombuds, que se encuentra en concurso de acreedores desde el verano pasado, con importantes deudas a la Seguridad Social, Hacienda y para con sus trabajadores y trabajadoras. Esta ha sido la circunstancia fundamental que ha provocado que el concurso quede desierto, ya que, según la última sentencia del Tribunal Supremo en lo referente a la sucesión de empresas, las nuevas adjudicatarias están obligadas a hacerse cargo de las deudas de las cesantes.
“En vez de prorrogar y esperar a que la situación concursal de la empresa Ombuds se aclarase, el Ministerio realizó un concurso precipitado y abocado al fracaso, teniendo que disponer de un importante contingente de urgencia de Guardia Civiles y Policías, que no estaba previsto, y que estarán sustituyendo a los vigilantes de seguridad hasta marzo, momento en el que se habrá realizado ya un nuevo concurso”, indicó Antonio Sánchez-Carnerero, responsable sectorial de CCOO-Construcción y Servicios en Ciudad Real.
En esta provincia hay unas 50 personas afectadas, vigilantes de seguridad exterior de las prisiones de Herrera de la Mancha y Alcázar de san Juan. Alrededor de una veintena de ellas se concentraron ayer frente a la subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. El resto de los afectados de la región acudieron a Madrid para sumarse a la concentración convocada ante el Ministerio del Interior.
“Instamos al Ministerio del Interior a resolver esta situación lo antes posible; y a aprender de los errores: los concursos no pueden adjudicarse únicamente por la vía del precio. El modelo de contratas low cost en la seguridad privada, junto con la mala gestión empresarial, se ha llevado por delante a compañías como Ombuds, Segur Ibérica, Integral Canaria, Falcon, Sequor, Marsegur, Novosegur… dejando fuertes deudas con la administración y poniendo en riesgo el empleo de miles trabajadores”.
“Hoy en día ser proveedor de servicios de seguridad para la administración es una actividad de riesgo para la viabilidad de las empresas; además de degradar las condiciones laborales de los trabajadores y dejarles expuestos a situaciones como la que ahora viven los trabajadores de Ombuds, los vigilantes de las prisiones de toda la zona centro y de todas las contratas que gestionaba esta empresa”.
“Sería deseable que Ombuds y la Administración Concursal tuvieran en sus actuaciones mayor compromiso social, diligencia y celeridad de cara a que los trabajadores y trabajadoras puedan ir cobrando lo que se les adeuda y facilitando la subrogación del personal”, concluye Sánchez-Carnerero.
