Un joven solicita la renovación del CGPJ tras las elecciones del 23J debido a una anomalía constitucional y democrática.

Mozo pide renovar el CGPJ tras las elecciones del 23J: "Se está dando una anomalía constitucional y democrática"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha calificado como una «anomalía constitucional y democrática» la falta de renovación del órgano, que debería haberse llevado a cabo hace más de cuatro años. Mozo ha hecho un llamado para que después de las elecciones, una vez que se constituyan las cámaras, se realice la renovación del Consejo. El presidente del CGPJ ha destacado que esta situación está produciendo perjuicios, como las vacantes que aún no se han cubierto en el Tribunal Supremo.

Mozo ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración de un curso en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, en el que se abordarán durante tres días cuestiones relacionadas con el funcionamiento deficiente de la justicia, como la responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos. El presidente ha recordado que el Estado está obligado a responder ante los perjuicios sufridos por los ciudadanos, derecho contemplado en la Constitución, y ha resaltado que los jueces son responsables y están sujetos al imperio de la ley, por lo que las personas pueden reclamar indemnizaciones si se han visto afectadas por el sistema judicial.

El curso ha tratado casos como la prisión preventiva injusta de ciudadanos que finalmente fueron absueltos. La formación se ha llevado a cabo en un momento en que los jueces están en huelga, lo que está alterando el funcionamiento habitual del sistema. Según Mozo, existe un conflicto entre los derechos constitucionalmente consagrados de tutela judicial efectiva y derecho a huelga, aunque no ha detallado el impacto exacto de la protesta. No obstante, ha recordado que los ciudadanos pueden exigir indemnización al Estado por dilaciones indebidas.

En la jornada inaugural del curso, ha participado también la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, quien ha subrayado que están abiertos a cualquier tipo de colaboración institucional que ayude a responder con mayor rapidez a los problemas ciudadanos. Valerio ha destacado que de los 2.118 expedientes que se tramitaron en el Consejo de Estado en 2022, más de 1.200 se relacionan con reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la administración, algunas derivadas de problemas en el funcionamiento de la justicia.

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