El Gobierno de Castilla-La Mancha, gracias a la aprobación de sucesivos planes de simplificación y reducción de cargas administrativas, tras los tres primeros años de legislatura habrá simplificado un total de 213 procedimientos administrativos, lo que facilita el acceso de la ciudadanía a las políticas públicas, impulsa una Administración más eficaz y reduce los plazos de tramitación, los desplazamientos y el uso del papel, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

Así lo ha explicado la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, en una rueda de prensa en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para presentar el plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2018, que fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno.

Este plan supone la simplificación de 116 trámites administrativos, de los que se benefician anualmente unos 863.000 ciudadanos y cerca de 10.400 entidades, entre empresas, cooperativas, asociaciones y ayuntamientos, entre otras.

Tal como ha resaltado Cuevas, con el plan para 2018 el Ejecutivo de Emiliano García-Page “da un paso más y redobla su apuesta por la simplificación administrativa”, ya que incrementa un 176 por ciento el número de medidas incluidas en el plan con respecto al del año pasado, con el que se simplificaron 42 trámites.

Este impulso supone, además, que se acomete en un único plan la revisión de un conjunto de medidas que, en número, superan a las que se habían simplificado hasta la fecha y que en total, incluyendo los planes de simplificación de 2016 y 2017 y las enmarcadas en el Pacto por la Recuperación Económica 2015-2020, sumaban 97.

De esta forma, al casi centenar de procedimientos simplificados desde el inicio de la legislatura con el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2018 se suman 116 trámites más, por lo que el Gobierno regional en tres años habrá simplificado un total de 213 procedimientos administrativos.

Cuevas ha indicado que se prevé que 80 medidas del Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2018 estén totalmente ejecutadas al finalizar el año, es decir, el 69 por ciento del plan. Las 36 restantes medidas se comenzarán a ejecutar este año, aunque el proceso se prolongará hasta 2019 debido a la complejidad que supone la simplificación.

Por consejerías, las 116 medidas del plan de simplificación para este año se reparten entre 31 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; 28 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo; 24 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes; 12 de la Consejería de Sanidad; siete de la Consejería de Fomento y otras siete de la Consejería de Bienestar Social, seis del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

La viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa también ha clasificado el conjunto de medidas incluidas en el plan en función del objetivo general que persiguen, criterio por el que 53 medidas, el 46 por ciento del plan, están relacionadas con el bienestar social, la educación, la sanidad o la vivienda; 32 medidas tienen como fin el desarrollo de la actividad empresarial y la empleabilidad, un 27 por ciento del plan; 25 medidas, el 22 por ciento, son acciones que mejoran la cooperación institucional entre administraciones públicas y la gestión interna y, finalmente, seis medidas están relacionadas con el fomento de la cultura y el deporte, el cinco por ciento del total.

Por otra parte, las 116 medidas que se incluyen en el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2018 se pueden dividir dependiendo del tipo de mejora que incorporan. En función de esta clasificación, 31 medidas, el 27 por ciento del total, supondrán la informatización de todo el procedimiento administrativo; 32 medidas, el 27 por ciento, implicarán la implantación de un gestor electrónico de expedientes; 15 medidas, el 13 por ciento, conllevarán la implementación de un programa de ayuda para la presentación de documentos; otras ocho medidas, el siete por ciento del plan, están enfocadas a la mejora y unificación de normativa y, por último, hay 30 medidas, el 26 por ciento, que suponen mejoras de diferentes tipos, como puede ser la unificación de trámites o la agilización y reducción de plazos de resolución.

Aprovechar las nuevas tecnologías para hacer más eficaz y accesible la relación de la Administración con la ciudadanía

En resumen, el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas 2018, como los anteriormente aprobados, tiene como objetivos acercar la Administración a la ciudadanía, haciéndola más fácil y accesible; avanzar en una gestión más eficaz y efectiva a través de la economía de trámites y reducir los costes económicos y temporales gracias a la eliminación de duplicidades.

De esta forma, la implementación de la administración electrónica por parte del Ejecutivo de García-Page supone una herramienta para acercar y facilitar el acceso de la ciudadanía y de las empresas a las políticas públicas; impulsar una administración electrónica inclusiva, lo que significa la igualdad de derechos sin exclusión y un diseño que facilite el uso por todas las personas; promover la seguridad jurídica; garantizar la seguridad y la confianza en materia de protección de datos; asegurar la digitalización por defecto e interoperabilidad; aumentar la transparencia; facilitar la reducción plazos de tramitación y costes de desplazamientos, lo que se traduce en una mejora de la productividad, y posibilitar la reducción o eliminación del papel, lo que contribuye a la preservación del medio ambiente.

En definitiva, se trata de hacer más fácil, cercana, eficaz y accesible la relación de la Administración con los ciudadanos, aprovechando las mayores posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y construyendo una administración pública que responda a las necesidades de una sociedad moderna.