La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha informado este lunes en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo sobre una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo, interpuesta en el año 2021 por la empresa TAGUS, concesionaria del servicio de abastecimiento del agua en la ciudad.
Según Molina, en cumplimiento de la sentencia, se ven obligados a aplicar a partir del 1 de enero de 2024 un incremento en las tarifas correspondientes al quinquenio 20-24. Esto significa que a partir de esa fecha, el consumidor tipo, que representa al 80% de la población y tiene un consumo medio bimensual de 18 metros cúbicos, pasará de pagar 28,23 euros (IVA incluido) a 37,02 euros (IVA incluido). En otras palabras, esto se traduce en un incremento de 8,80 euros al bimestre o 4,40 euros al mes, IVA incluido, como ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.
Esta subida viene dada como consecuencia de la falta de actualización de tarifas quinquenales por parte del equipo de gobierno anterior del PSOE en el año 2019. Según la concejal, debían haber revisado los precios en 2019, pero ahora son ellos los que tienen que asumir la irresponsabilidad de no haberlo hecho. Esta situación hubiera podido evitarse si la alcaldesa Tolón hubiera gestionado de manera eficaz y cumplido con su trabajo. Ahora, son los ciudadanos de Toledo quienes pagarán por esta falta de rigor y responsabilidad por parte del gobierno anterior.
Además de esto, Molina ha criticado la inactividad del equipo de gobierno anterior, ya que esta sentencia era conocida desde enero y no se hizo nada al respecto. En palabras de la concejal, «esto podría haberse evitado si Tolón hubiera hecho su trabajo y gestionado de manera eficaz. Ahora seremos los toledanos quienes pagaremos su falta de rigor y responsabilidad»
Esta noticia ha causado preocupación entre los ciudadanos de Toledo, ya que supondrá un incremento significativo en sus facturas de abastecimiento de agua. Ahora, tendrán que hacer frente a un gasto mensual mayor, lo cual afectará directamente a su economía.
Es importante que las autoridades tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Los ciudadanos merecen un gobierno responsable que cumpla con sus deberes y tome decisiones adecuadas para el beneficio de todos. La falta de actualización de tarifas y la inacción ante una sentencia judicial son ejemplos claros de negligencia por parte del equipo de gobierno anterior.
Esperemos que esta situación sirva como lección para que las autoridades actuales se comprometan a gestionar de manera eficiente y responsable los servicios públicos y eviten perjudicar a los ciudadanos con incrementos injustificados en sus facturas. Los toledanos merecen un gobierno que trabaje en su beneficio y no les obligue a pagar por los errores del pasado.
