El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la consulta del Real Decreto de desarrollo de la factura electrónica para las operaciones entre empresas y profesionales. Esta medida permitirá reducir los costes de transacción, avanzar en la digitalización de pymes y autónomos, y obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago.
Esta medida forma parte de la Ley Crea y Crece aprobada el pasado mes de septiembre, que tiene como objetivo luchar contra la morosidad, una problemática que afecta especialmente a las pymes y autónomos en España. La ley establece la obligatoriedad de facturar electrónicamente a otras empresas o autónomos por la prestación de servicios. Esta práctica ya se lleva a cabo en el ámbito público desde 2015.
La implementación de la factura electrónica obligatoria permitirá mejorar la trazabilidad del ciclo de facturación en las operaciones «Business to Business» (B2B), proporcionando información exacta sobre los plazos de expedición, entrega, aceptación y pago de una misma factura. Esto fomentará la cultura de pagos empresarial y contribuirá a reducir la morosidad comercial.
Además, esta medida facilitará la integración de todas las funciones de facturación, cobros, pagos y contabilidad de forma automática, lo que permitirá ganar en rapidez y eficiencia. Esto será especialmente beneficioso para las empresas más pequeñas y los profesionales, que suelen verse más afectados por la morosidad debido a un menor poder de negociación.
Se espera que esta medida también fomente la digitalización de todas las empresas, en particular las más pequeñas, ya que proporcionará ahorro de costes y agilidad en la gestión administrativa. Por otro lado, el Gobierno establecerá plazos distintos para la implementación de la factura electrónica obligatoria, siendo de 1 año para las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros y de 2 años para el resto de las empresas.
Para facilitar la implementación de esta medida, la Administración pondrá a disposición de las pymes y autónomos una infraestructura básica pública para acceder a la factura electrónica. Sin embargo, también se podrán realizar las tramitaciones a través de plataformas privadas existentes.
En resumen, la consulta del Real Decreto de desarrollo de la factura electrónica para las operaciones entre empresas y profesionales es una medida que permitirá reducir costes, avanzar en la digitalización y obtener información fiable sobre los plazos de pago. Esto contribuirá a combatir la morosidad y promoverá el crecimiento empresarial en España.
