El director general de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, Manuel Tordera, se ha reunido con el Consejo de Consumidores y Usuarios para presentar y analizar las alegaciones recibidas al anteproyecto de Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, tras finalizar el pasado 20 de febrero el período de información pública.
Al respecto, Manuel Tordera ha expuesto los principios en los que se basa dicho proyecto normativo. Asimismo, ha planteado cuáles serán las líneas de trabajo previstas para su desarrollo, poniendo especial énfasis en todo lo relacionado con la participación y la promoción del asociacionismo de consumo en la región y, especialmente, con la ampliación de derechos de las personas consumidoras y usuarias destacando lo relacionado con la iniciativa pionera de incluir también en el texto sus responsabilidades.
Por otra parte, el director general de Salud Pública y Consumo ha querido destacar la oferta de cooperación con las políticas públicas de consumo a través de la convocatoria de subvenciones que será publicada próximamente y que permitirá a las asociaciones de consumidores participar directamente en el desarrollo de programas que la Dirección General de Salud Pública y Consumo lleva a cabo, reactivando y reorientando el papel y la actividad que las organizaciones de consumidores han venido desempeñando en la región hasta la fecha.
Participación de las asociaciones
Finalmente, Manuel Tordera ha agradecido la colaboración de las asociaciones de consumidores en el proceso de redacción de la nueva norma, lo que representa un ejercicio de corregulación, transparencia y participación ciudadana, aunque para ello se haya dilatado el proceso de tramitación atendiendo, en la medida de lo posible, todas las aportaciones que se han presentado durante este tiempo.
A su vez, el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha ha manifestado su satisfacción con la redacción de este anteproyecto de Ley y las novedades que contempla, considerando a su vez que no sólo supone una clara apuesta del Gobierno regional por la recuperación de las políticas de consumo en Castilla-La Mancha, sino que además también va a generar avances importantes en la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias de la región con respecto a las legislaciones actuales, incluso a nivel internacional, lo que redundará en una mejor calidad de vida para todos los castellano-manchegos.
