El Gobierno regional de Castilla-La Mancha y los agentes sociales han acordado una serie de retos a afrontar en los próximos cuatro años. Entre ellos, destaca la creación de un programa de Activación por el Empleo que sustituirá a los tradicionales planes de empleo. También se propone modelar un servicio público de empleo participado por los agentes sociales y el Gobierno regional.
Otro de los desafíos es que el jurado arbitral pueda atender cuestiones y problemas entre empresas y trabajadores, evitando así la judicialización de los conflictos. Además, se plantea la creación de un Instituto de Seguridad y Salud para abordar la siniestralidad laboral en la región.
Este compromiso fue ratificado en una reunión entre el presidente regional, Emiliano García-Page, el presidente de la patronal castellanomancehga, Ángel Nicolás, y los secretarios regionales de CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, respectivamente.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, resaltó la importancia de este encuentro como muestra del compromiso del Gobierno regional con el diálogo y la concertación social. Se acordó seguir dando continuidad y renovar el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, vigente hasta 2024.
Además, se trabajarán en las comisiones y reuniones de seguimiento que se llevarán a cabo en octubre. Según la consejera, hasta junio de 2023 se habían ejecutado el 42,8% de las medidas contempladas en dicho pacto.
En cuanto a la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales, se revisará y redefinirá para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo.
Por otro lado, se plantea la reedición del plan Adelante en 2024, adaptándolo al contexto económico y a las necesidades del tejido productivo.
El líder de la patronal destacó el diálogo social como elemento distintivo de Castilla-La Mancha y la importancia de preservarlo en el nuevo Estatuto de Autonomía.
Por su parte, los sindicatos celebraron la posibilidad de que el jurado arbitral resuelva conflictos laborales y que se cree un Instituto de Seguridad y Salud para abordar la siniestralidad laboral.
En resumen, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y los agentes sociales se han comprometido a afrontar retos como la creación de un programa de Activación por el Empleo, la modelación de un servicio público de empleo participado, la atención de conflictos laborales a través del jurado arbitral y la creación de un Instituto de Seguridad y Salud. Estas medidas buscan fortalecer el diálogo social y mejorar la situación laboral y de seguridad en la región.
