El viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo ha participado recientemente en el Seminario Internacional sobre las Estrategias Nacionales de Economía Circular como líder de una de las mesas de debate, organizado por la Fundación para la Economía Circular en Madrid, con referencias de países como Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Escocia y regiones como Flandes.
El Seminario sirve para conocer y debatir sobre Economía Circular y planes de administración pública, empresas y ciudadanos interesados. «lugares, como Castilla-La Mancha ya han diseñado ya sus estrategias o planes de acción de economía circular adaptando el marco comunitario a sus especificidades económicas, sociales, naturales, productivas y energéticas”, señaló el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Se está trabajando en la próxima Ley de Economia Circular, la primera en España.
Dentro de este Plan de Acción incluye una serie de propuestas legislativas sobre residuos para reducir el vertido de residuos y aumentar la preparación para su reutilización y reciclado, así como medidas de desarrollo en los ámbitos de la producción, el consumo, la gestión de residuos, el mercado secundario de materias primas, y las acciones sectoriales (plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción y demolición, y biomasa y bioproductos) junto con el fomento de la I+D+i como elemento transversal clave en el proceso de transición. A su vez, el Plan de Acción persigue contribuir a alcanzar los ODS establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada por Naciones Unidas en septiembre de 2015 como un nuevo y ambicioso plan para responder a las tendencias y los retos mundiales.
En este contexto, el Gobierno español ha sacado recientemente a consulta pública el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular ‘España Circular 2030’, que representará el marco estratégico y de actuación imprescindible para facilitar la transición hacia la economía circular de nuestro país. A nivel europeo, además de establecer un mandato concreto y ambicioso para apoyar la transición hacia una economía circular, el Plan de Acción busca también un compromiso amplio y estable de todos los niveles de gobierno -europeo, estados miembros, regiones y entidades locales- y de los principales agentes sociales y económicos.
