La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, ofrece una serie de recomendaciones a las personas consumidoras sobre la plataforma de alojamientos vacacionales Airbnb.
Así, la Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la Unión Europea han instado a Airbnb a que adapte sus cláusulas y condiciones a la normativa de protección de los consumidores de la UE y sea transparente en su presentación de los precios.
En concreto, se ha detectado que la presentación actual de los precios de Airbnb y algunas de sus condiciones no cumplen la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos, así como el Reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.
Por lo tanto, las autoridades europeas de protección de los consumidores y la Comisión han exigido a Airbnb una serie de cambios. La empresa tiene de plazo hasta el final de agosto para presentar sus propuestas.
Una vez que Airbnb haya propuesto soluciones para rectificar la situación, la Comisión y las autoridades de protección de los consumidores de la Unión Europea examinarán los cambios propuestos. Si no se consideran satisfactorios, Airbnb podría ser sometida a medidas ejecutivas.
En concreto, a Airbnb se le requiere modificar la manera en que presenta la información sobre precios desde la búsqueda inicial en su sitio web, con el fin de garantizar que, cuando se ofrezca una vivienda, el consumidor sea informado del precio total, incluidos todos los gastos y suplementos obligatorios, como gastos de servicio y de limpieza, y que, cuando no sea posible calcular el precio final de antemano, se informe claramente a los consumidores de que pueden aplicarse suplementos adicionales.
Asimismo, también deberá indicar claramente si la oferta procede de un anfitrión privado o de uno profesional, ya que las normas de protección de los consumidores son diferentes según el caso.
Aclaración de las condiciones o supresión de las condiciones ilegales
Las condiciones de servicio de Airbnb deben hacerse conformes a la legislación europea de protección de los consumidores.
La Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos exige que las cláusulas y condiciones generales no creen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor.
La Directiva exige también que las cláusulas se redacten de forma clara y comprensible, a fin de que los consumidores sean informados de forma inequívoca e inteligible sobre sus derechos.
Con respecto a Airbnb, esto significa, por ejemplo, que la empresa no debe inducir a error a los consumidores acudiendo a una jurisdicción en un país diferente de su Estado miembro de residencia; que la plataforma no puede decidir unilateralmente y sin justificación qué condiciones podrán seguir en vigor en caso de terminación de un contrato y que no puede privar a los consumidores de su derecho legal básico de demandar a un anfitrión en caso de daños personales u otros daños.
Asimismo, Airbnb no puede modificar unilateralmente las cláusulas y condiciones, sin informar claramente a los consumidores anticipadamente y darles la posibilidad de rescindir el contrato; las condiciones de servicio no pueden otorgar poderes ilimitados y discrecionales a Airbnb sobre la supresión de contenidos; la terminación o suspensión de un contrato por Airbnb debe explicarse a los consumidores y regirse por normas claras y no debe privar al consumidor del derecho a una indemnización adecuada o del derecho de recurso.
Por todo ello, la política de Airbnb en materia de restituciones e indemnizaciones y de aceptación de demandas por daños debe estar claramente definida y no debe privar a los consumidores de su derecho de interponer los recursos legales a su disposición.
Por último, Airbnb debe proporcionar en su sitio web un enlace con la plataforma de resolución de litigios en línea (RLL) fácilmente accesible y toda la información necesaria en relación con la resolución de litigios, con arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento.
