El Plan contra la Pobreza Energética del Gobierno regional ya benefició a 21.200 personas

En lo que va de año, un total de 21.282 personas, más del 45 por ciento menores, se han beneficiado de alguna de las medidas del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en esta legislatura. El objetivo es proporcionar apoyo económico a los hogares en situación de pobreza severa para afrontar los costes de suministros energéticos, proteger a consumidores vulnerables y actuar frente a situaciones de endeudamiento que puedan conllevar a cortes de suministros eléctricos. De esta forma el Gobierno regional apunta a garantizar protección diferenciada de los derechos de aquellos consumidores energéticamente vulnerables a través de la Red Regional de Oficinas de Atención al Consumidor.

Para conseguir estos objetivos, dentro del Plan se articulan medidas preventivas, dirigidas a mejorar el bienestar y el confort de manera permanente, proporcionando apoyo económico a los hogares cuando la situación lo requiera, y medidas correctivas, que tienen como objeto paliar una situación puntual y son importantes para hacer frente a situaciones de urgencia, en las que si no se actúa existen consecuencias inmediatas, como cortes de suministros energéticos.

Dentro de las medidas preventivas se encuentran las Ayudas Económicas Preventivas para garantizar los suministros energéticos, dotadas con un importe anual de 150 euros y se prescriben principalmente en época invernal hasta el mes de marzo a propuesta de los Servicios Sociales de Atención Primaria, aunque se contempla que haya familias que puedan recibir dos ayudas en el mismo año.

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En lo que va de 2018, 6.019 familias recibieron la ayuda de 150 euros, 3.526 de las cuales la habían recibido en alguno de los dos años anteriores, y 504 familias la han recibido dos veces en 2018.

La Entidad encargada de gestionar las Ayudas Económicas Preventivas es Cruz Roja, a la que el Gobierno regional ha concedido una subvención directa para 2018 por un importe de 1.000.000 euros, con el objeto de agilizar y simplificar la tramitación de las mismas.

Las Ayudas Económicas Preventivas tienen un carácter preventivo y no interfiere en el normal desarrollo de las medidas del Plan de Pobreza Energética y en ningún caso ponen en peligro la posible paralización de un corte de suministro energético, cuya operativa con las compañías energéticas funciona con normalidad. Además, el Gobierno regional dispone también de Ayudas de Emergencia Social, cuya normativa fue modificada para que en casos de pobreza energética se tramitasen de manera inmediata ante un corte de suministro energético.

Hasta la fecha, la Consejería de Bienestar Social, gracias al Plan contra la Pobreza Energética, paralizó 519 cortes de suministro energético y sólo fue necesaria la reposición del mismo en 83 casos. Se tramitó Ayudas de Emergencia Social ordinarias del Gobierno regional para 214 familias, lo que se indica en la operativa y las ayudas preventivas u otras ayudas de entidades sociales que están siendo efectivas. En el plazo de cinco meses se hace el pago de la factura que origina el corte. Desde la puesta e marcha de este Plan, se realizaron más de 1.200 paralizaciones y reposiciones. De esta manera, el total de beneficiarios supera los 68.000, y más de 31.000 menores.

Las medidas que forman parte del Plan contra la Pobreza Energética tienen carácter complementario, es decir, que las unidades familiares pueden acceder a cada una de ellas, sin que el hecho de recibir alguna impida el acceso a otras. Entre ellas se encuentran, además de las Ayudas Económicas Preventivas para garantizar los suministros energéticos y las Ayudas de Emergencia Social para prevenir cortes de suministros energéticos, el acuerdo de paralización del proceso de cortes de suministros energéticos y reposición, en el caso de que se hayan suspendido, con las compañías energéticas con las que se ha suscrito convenios, Gas Natural e Iberdrola; el Abono de Impago de Suministros Energéticos a través de las Ayudas de Emergencia Social; la cofinanciación del 50 por ciento de la factura de los hogares que tengan reconocido  el bono social como consumidor vulnerable severo, siempre que se encuentre en riesgo de exclusión social, y así se haya prescrito por el trabajador o trabajadora Social de Atención Primaria; y las Acciones de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, como son las acciones informativas y educativas, el Sistema Arbitral de consumo y los mecanismos de resolución extrajudicial.

Aquellos que se pueden beneficiar de estas medidas son unidades familiares que residan en Castilla-La Mancha y que tengan reconocido el Bono Social como vulnerables o vulnerables severas. Los hogares en situación de pobreza severa que tengan niños o niñas a su cargo, con edades entre los 0 y 16 años, o de unidades familiares que tengan Historia Social en los Servicios Sociales de Atención Primaria. Además, por excepción podrán acogerse al Plan las familias en situación de extrema necesidad cuando el profesional valore que el acceso al Plan está suficientemente motivada por las circunstancias personales, relaciones y/o ambientales de la unidad familiar, y que reforzará la intervención que se esté llevando a cabo con la misma.