La Guardia Civil ha procedido a la detención de trece individuos e interrogado a otros seis en el contexto de la operación denominada ‘Bomvoyage’, dirigida a desmantelar una red criminal internacional acusada de facilitar la migración irregular y explotar laboralmente a sus víctimas. Estos actos ilícitos incluyeron procedimientos fraudulentos de contratación en origen bajo el régimen conocido como contingentes Gecco, la falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes tanto a compañías aseguradoras como en casos de subvenciones públicas.
La noticia fue difundida en una rueda de prensa en Albacete por la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo. Según han comunicado a través de una nota de prensa, la operación reveló el modus operandi de una banda que explotó la vulnerabilidad y el deseo de una vida mejor de personas engañadas que llegaron a España, tratándolas “sin ningún tipo de humanidad” y forzándolas a vivir y trabajar en condiciones deplorables.
La investigación comenzó cuando se descubrieron posibles irregularidades en la gestión de autorizaciones de residencia temporal y trabajo para empleados de una empresa agrícola situada en Hellín, Albacete. Se descubrió que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba manipulado y que los candidatos habían pagado cantidades sustanciales para ser seleccionados.
La operación ha sacado a la luz más de 300 posibles casos de explotación en los últimos tres años, en los que los afectados recibían salarios miserables y se les forzaba a firmar documentos y contratar servicios sin estar al tanto de su contenido. Además, se ha descubierto que la red inflaba costos de alojamiento para recibir subvenciones públicas de forma fraudulenta.
Esta organización tenía una estructura compleja que involucraba captadores en Senegal y Marruecos y gestores de contingentes en España, entre los que figuraban también “facilitadores” que se ganaban la confianza de las autoridades públicas de esos países.
Durante la operación se efectuaron registros en Hellín y Alhama de Murcia, incautando gran cantidad de documentación y materiales, y se bloquearon 15 cuentas bancarias. Un trabajo conjunto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete permitió comprobar la explotación de los migrantes, quienes vivían en condiciones precarias y aislamiento.
La situación condujo a un intervención urgente con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para cubrir las necesidades primarias de las víctimas.
Las investigaciones continúan en pie, dirigidas a esclarecer detalles sobre contratos multiplicados en varias provincias y revisar posibles casos de contratos fraudulentos a personas en situación irregular en el territorio español. Se ha contado con la intermediación de sindicatos albaceteños como UGT en la búsqueda de justicia y resolución de esta compleja situación.
La efectiva actuación de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción nº 3 de Hellín, destaca la continua lucha contra redes criminales que afectan los derechos y dignidad de individuos en busca de una vida digna y ofrece un claro mensaje contra la explotación y la migración irregular.
