Moratoria regional en los alquileres de vivienda pública a aquellas personas que no tengan domiciliación bancaria de sus recibos.
Así lo ha asegurado hoy el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha cifrado en 1.510 las personas, “fundamentalmente mayores” que se podrían acoger a esta medida que se plantea “para evitar salgan de casa y vayan al banco a pagar un alquiler”, mientras esté en vigencia el decreto del estado de alarma.
Asimismo, Hernando ha adelantado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page va a demorar el giro del pago de los alquileres en vivienda pública hasta conocer qué medidas va a poner en marcha el Gobierno de España, y “con ello responder de una manera más adecuada a estas familias”, ya que estas pueden ser muy “impactantes y beneficiosas”.
En este sentido, el responsable de Fomento ha hablado de las dos posibilidades que están sobre la mesa: por un lado las medidas de moratoria en el pago del alquiler “para después que pagarlo en los plazos se planteen; “y otra opción, sería plantear un ingreso mínimo vital y con ello, darle a las familias una inyección de dinero para que ellas mismas decidan sobre sus propias prioridades”. De esta manera, “se otorgaría mayor flexibilidad”.
Así, Hernando ha asegurado que trasladará en el marco de la reunión sectorial de Vivienda que ha demandado celebrar con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los consejeros del área de los distintas comunidades autónomas, la “preocupación por el riesgo que conlleva una moratoria en el alquiler para aquellas familias que hoy pueden perder un empleo y no lo recuperaran a finales de año”, ya que “exigirles este esfuerzo a finales de año o principios del que viene, puede suponer que un problema de deuda pública se transforme en un problema de deuda en los hogares”.
Para el consejero de Fomento la solución tiene que venir de “un mix, de varias herramientas”, como pueden ser “por una parte, la moratoria en el caso de personas con ingresos garantizados a finales de año y, por otra, una inyección de ayudas a familias que tienen que reactivar su búsqueda de empleo o afrontar gastos en ese periodo”, como la que se está estudiando desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
