Toledo, 5 septiembre de 2017.- Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017 entran mañana en vigor, unas cuentas que ascienden a 8.941 millones de euros y que, además de un marcado esfuerzo inversor, tienen como prioridades la recuperación social y el impulso a los incentivos al crecimiento económico y a la creación de empleo.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, paso previo a su entrada en vigor mañana.
Al igual que en los presupuestos de 2016, la principal prioridad de estas cuentas es la recuperación social, con una fuerte priorización de este tipo de gasto, que se destina a los servicios públicos vinculados al Estado de bienestar y a los sectores de la población más vulnerables. Así, el 70 por ciento del presupuesto no financiero se destina a gasto social.
Prácticamente el 30 por ciento restante del presupuesto no financiero se destina al impulso de los incentivos al crecimiento económico, ya que el fomento del empleo es un objetivo prioritario de la política económica del Ejecutivo de Emiliano García-Page.
En el ámbito de la educación, con los presupuestos de 2017 continuarán los esfuerzos tendentes a garantizar un sistema educativo de calidad y en condiciones de igualdad, que supondrán la construcción de nuevos centros educativos, la mejora de las infraestructuras ya existentes y la reducción de la ratio de alumnos por aula, entre otras actuaciones.
Por su parte, en el ámbito sanitario, se seguirá promoviendo la renovación de infraestructuras sanitarias, la adquisición de tecnología sanitaria, la reducción de las listas de espera y, en definitiva, la recuperación de parámetros y plazos que garanticen una atención sanitaria universal, gratuita, eficaz y de calidad.
Respecto a los servicios sociales, destaca el incremento de los centros y residencias de mayores, los centros de atención a personas con discapacidad intelectual, los centros de atención temprana y las ayudas a domicilio.
En consonancia con la priorización del gasto social dirigido a los más vulnerables, los presupuestos para 2017 recogen el Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, dotado con 119,2 millones de euros.
Como parte del otro gran objetivo, los presupuestos de 2017 priorizan la inversión empresarial como fuente de generación de riqueza y, por ello, se destinan importantes dotaciones financieras a facilitar la creación de nuevas empresas, su consolidación y desarrollo por medio de la mejora de su competitividad, su apertura al exterior y la captación de nuevas inversiones que asienten y refuercen los sectores estratégicos de Castilla-La Mancha, especialmente, el sector agroalimentario. Todo ello se acompaña, además, de un servicio global e integral de apoyo a las empresas, un mejor acceso a la financiación regional y una apuesta decidida por la innovación y la especialización.
El fomento del empleo cuenta igualmente con un peso notable en los presupuestos para 2017, y, por ello, se destina un importante volumen de recursos a impulsar las políticas de creación de empleo, potenciando la cualificación profesional y el acceso al primer empleo de los más jóvenes y favoreciendo la inserción en el mercado laboral de las personas que sufren el paro de larga duración y el agotamiento de la protección por desempleo.
Las inversiones irán destinadas, principalmente, a infraestructuras de carácter social, con el objetivo de dotar a Castilla-La Mancha de infraestructuras básicas suficientes que contribuyan a garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos esenciales y que supongan un efecto multiplicador capaz de generar riqueza económica y empleo.
Igualmente, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2017 contribuirán a la recuperación de los derechos de los empleados públicos. Así, los trabajadores de la Administración regional recuperarán el 1,5 por ciento salarial, cumpliendo así el calendario de restitución acordado con los sindicatos.
Todos estos objetivos serán compatibles con el mantenimiento de unas finanzas públicas saneadas y con el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Además, por primera vez en años se llegará a un ahorro neto positivo de 76,6 millones de euros, lo que supone volver a la senda de la ortodoxia financiera.
