La alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la FEMP, Milagros Tolón, ha participado este lunes en la Comisión Nacional de Administración Local en la que, frente a las ministras de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de una distribución de los recursos que permita a los ayuntamientos mantener la calidad de los servicios públicos.
En la reunión mantenida en el Ministerio de Administraciones Públicas se han tratado y aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y techo de gasto de las Entidades Locales planteados por el Gobierno central para el presente ejercicio, así como otros asuntos que preocupan a los ayuntamientos.
En este sentido, la alcaldesa ha manifestado su satisfacción por la disposición del Ejecutivo a abordar asuntos como la ampliación del catálogo de inversiones financieramente sostenibles que se puedan realizar con cargo al superávit, una medida sobre la que se ha acordado profundizar en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias.
Plusvalías
Igualmente, las representantes gubernativas se han comprometido a apoyar el cambio normativo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías), necesario para acabar con la inseguridad jurídica que generó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el cobro indebido de este tributo.
Milagros Tolón ha puesto en valor la sensibilidad del Gobierno central para atender las demandas de los municipios y se ha mostrado convencida de que en esta nueva etapa se van a producir avances importantes a la hora de abordar un nuevo Sistema de Financiación Local que permita a los ayuntamientos garantizar los servicios públicos de calidad que demanda la ciudadanía.
En la CNAL se han aprobado los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para las entidades locales, que han quedado fijados en el 0%, el 1,9% sobre PIB y el 2,9%, respectivamente. Sobre el objetivo de Regla de Gasto se ha pasado de una previsión inicial del 2,8% al 2,9%, finalmente aprobado. Con esta medida, idéntica a la planteada a las Comunidades Autónomas, el Ejecutivo busca minimizar el impacto del IVA de 2017.
Otro de los temas abordados esta mañana en la reunión ha sido el relacionado con el gasto que los Gobiernos han de afrontar por tener sus depósitos -más de 25.000 millones de euros- en las entidades bancarias. Desde la FEMP se han propuesto al Gobierno diferentes fórmulas que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar para responder lo antes posible.
