Izquierda Unida (IU) ha denunciado públicamente al Ayuntamiento de Bargas (Toledo) por destinar parte de los fondos del Plan Corresponsables a un taller infantil de tauromaquia incluido en su programación municipal. La formación considera que el dinero, dirigido a apoyar la conciliación y el cuidado de la infancia, no debería emplearse en actividades de carácter taurino con menores, y exige al equipo de gobierno local una rectificación inmediata y la devolución del importe correspondiente.
El asunto, hecho público esta semana, ha reabierto en Castilla-La Mancha el debate sobre qué actividades pueden financiarse con cargo a un programa estatal cofinanciado por el Ministerio de Igualdad y por las comunidades autónomas, diseñado para reforzar los servicios de cuidado de niños y niñas de hasta 16 años.
Qué es el Plan Corresponsables y qué cubre
El Plan Corresponsables es un programa estatal pensado para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se traduce, sobre todo, en bolsas de cuidado profesional, ludotecas, escuelas de verano y campamentos urbanos para menores. Llega a los municipios a través de las comunidades autónomas, que firman convenios con los ayuntamientos para que estos articulen las actividades concretas en su término.
La guía del programa, recuerdan desde IU, marca como prioridad apoyar a familias con menores a su cargo y reforzar profesionales del cuidado, no financiar talleres temáticos al margen de esa lógica. La formación entiende que un taller de tauromaquia para menores se aleja del espíritu del plan y choca, además, con la normativa de protección de la infancia frente a la violencia.
La denuncia de IU: qué piden y a quién
Izquierda Unida ha pedido tres cosas. Primero, que el Ayuntamiento de Bargas retire el taller infantil de tauromaquia de la programación financiada con cargo al Plan Corresponsables. Segundo, que el Gobierno de Castilla-La Mancha, como administración que distribuye los fondos, audite el uso que se ha dado al dinero en el municipio. Y tercero, que se devuelvan, en su caso, los importes destinados a esa actividad concreta.
La formación recuerda que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) obliga a las administraciones a evitar entornos que normalicen la violencia con menores. Bajo ese paraguas, IU sostiene que un taller infantil de tauromaquia, sea cual sea su formato, no encaja con el destino previsto del Plan Corresponsables.
Polémica recurrente con la tauromaquia infantil
La tauromaquia con menores se ha colado en el debate público cada vez que un ayuntamiento programa escuelas, talleres o becerradas dirigidas a la infancia. La discusión no es nueva en Bargas ni en otros municipios de Castilla-La Mancha, donde conviven aficionados al toro con asociaciones que reclaman blindar a los menores frente a este tipo de prácticas.
Con la denuncia, IU obliga al Ayuntamiento a explicar qué partida concreta cubre el taller y a justificar su encaje. El equipo de gobierno local, por el momento, no ha hecho pública una respuesta detallada, más allá de defender la legalidad de la programación municipal. La pelota queda en el tejado de la Junta, que es quien transfiere y supervisa el destino final de los fondos del Plan Corresponsables.
Preguntas frecuentes
¿Pueden financiarse talleres de tauromaquia con el Plan Corresponsables?
El programa fija como objetivo apoyar el cuidado profesional de la infancia y la conciliación. Las actividades financiadas deben encajar en esa lógica. IU sostiene que un taller infantil de tauromaquia no cumple ese requisito y, además, choca con la normativa de protección de menores.
¿Qué papel juega la Junta de Castilla-La Mancha?
La Junta firma con el Ministerio el convenio del Plan Corresponsables y reparte después los fondos entre los ayuntamientos. Tiene capacidad para auditar el uso del dinero y exigir reintegros si una actividad financiada no encaja con el destino previsto.
¿Ha habido casos similares en otros municipios?
Sí. La tauromaquia con menores genera polémica de forma recurrente, sobre todo cuando se incluye en programas educativos o socioculturales financiados con dinero público. La discusión suele acabar judicializada o resuelta por vía administrativa.
