Inversión regional en Campo de Criptana de más de 5 millones de euros en políticas de bienestar social

El Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page lleva invertidos en Campo de Criptana más de cinco millones de euros en materia de servicios sociales en lo que va de legislatura.

Así lo ha destacado la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, en la visita que ha realizado a diversos recursos asistenciales de este municipio y que ha definido como “una apuesta por las políticas sociales de Campo de Criptana ya que “solo en 2017 la inversión se acercó a los tres millones de euros con el incremento en un 10 por ciento en la financiación de los servicios sociales”

Olmedo ha destacado los distintos programas que el Ejecutivo regional ejecutó en 2016 y 2017 a través del Ayuntamiento de Campo de Criptana para el mantenimiento del centro ocupacional, la vivienda de apoyo, el centro de día para discapacitados y el plan concertado, que se suman a otras cantidades destinadas a colectivos sociales del municipio como ASMICRIP, ASPANA o la Asociación Zaragüelles.

Además, en esta clave municipal, la máxima representante del Gobierno regional en Ciudad Real ha valorado la importancia que representan los 79.788 euros en ayudas de emergencia social y vivienda destinados a 80 beneficiarios; los 141.220 euros para atender a 416 familias numerosas de la localidad o los 227.550 euros para cubrir necesidades básicas de pobreza energética.

Siete de cada diez euros a gasto social

La delegada provincial de la Junta ha citado este ejemplo de Campo de Criptana para resaltar la apuesta inversora del Gobierno de Castilla-La Mancha por seguir recuperando socialmente la región, un objetivo para el que destina siete de cada diez euros del Presupuesto a gasto social y que a su vez se traduce en 14,2 millones de euros cada día para garantizar el Estado del bienestar”.

Unas cifras que están sirviendo para aumentar de manera significativa las partidas destinadas al Ingreso Mínimo de Solidaridad, para continuar con la mejora de la red residencial para personas mayores y personas con discapacidad, para reforzar la dependencia, para dotar de más recursos a los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio o para ampliar hasta el 8 por ciento la reserva del importe total de las contrataciones públicas de la Junta a centros especiales de empleo y empresas de inserción.

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