Impulsar el empleo público, avanzar en la simplificación administrativa y potenciar la administración electrónica, mejorar el área de Protección Ciudadana, especialmente en el ámbito del 1-1-2, y continuar pagando cada vez más rápido a los proveedores y beneficiarios de ayudas de la Administración regional son los principales objetivos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para el ejercicio 2018.
En una rueda de prensa previa a su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales para informar sobre los presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para el próximo año, así lo ha subrayado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
De este modo, Ruiz Molina ha destacado que el presupuesto de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el menor de todas las consejerías a excepción de Presidencia, asciende en 2018 a un total de 82,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,6 por ciento respecto a este año.
El consejero ha continuado recordando que Hacienda y Administraciones Públicas es una Consejería de carácter transversal y no inversora, ya que prácticamente nueve de cada diez euros de su presupuesto inicial en 2018 se destinarán a gastos de personal y a gasto en bienes corrientes y servicios, al igual que en ejercicio anteriores.
Sobre los principales objetivos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para el próximo año, Ruiz Molina ha mencionado impulsar el empleo público, lo que será posible gracias a la aprobación de nuevas ofertas de empleo público, que en 2018 ascenderá a 3.474 plazas, y a la contratación de profesionales en servicios fundamentales.
Para llevar a cabo los procesos selectivos se continuará apostando por la unidad administrativa de selección en la Escuela de Administración Regional, que se ha recuperado tras desaparecer en la anterior legislatura.
También se seguirán cumpliendo los compromisos adquiridos con los sindicatos en el acuerdo para la mejora de las condicionales retributivas y laborales de los empleados públicos, aprobado en 2016. Así, en 2018 se recuperará el 1,5 por ciento restante de la disminución retributiva de 2012, con lo que tan pronto se aprueben las cuentas del próximo año, los empleados públicos habrán recuperado la totalidad de la denominada ‘tasa Cospedal’, quedando únicamente pendiente para 2019 el incremento adicional del 0,5 por ciento.
También en el área de Función Pública se continuará ampliando el plan formativo para los empleados públicos a través de la Escuela de Administración Regional, se aprobarán nuevas convocatorias de ayuda para el desarrollo de planes de formación para los empleados públicos de las entidades locales y se recuperará la totalidad de la plantilla de prevención de riesgos laborales que había antes de los recortes de la anterior legislatura, lo que permitirá que en 2018 estén en pleno funcionamiento todas las Unidades de Prevención Provinciales.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que otro de los grandes objetivos de esta Consejería será avanzar en la simplificación administrativa y potenciar la administración electrónica, para lo que se promoverá una Administración regional innovadora, digital y cercana que ofrezca un servicio de mayor calidad a la ciudadanía. Para este fin se pondrá en marcha el nuevo plan de simplificación y reducción de cargas administrativas de 2018, que se sumará a los dos anteriores ya en vigor.
Dentro del programa de relación y coordinación con las corporaciones locales, se seguirá apoyando a las administraciones locales y potenciando la formación de su personal.
Mejorar el área de Protección Ciudadana
Por otra parte y como otro de los principales objetivos de la Consejería, se mejorará el área de Protección Ciudadana, especialmente en el marco del 1-1-2, tal como ha añadido Ruiz Molina.
En este sentido, se culminará el próximo año la renovación de la plataforma tecnológica del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias (SACUE) 1-1-2, para contar con un equipo informático moderno; se abordará la nueva licitación del contrato del Teléfono de Emergencias 1-1-2, que incluirá mejoras para garantizar la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía, y también se reforzará la oferta formativa de la Escuela de Protección Ciudadana.
Finalmente, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas también trabajará en 2018 para continuar pagando cada vez más rápido a los proveedores y beneficiarios de ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Así, ha añadido Ruiz Molina, en materia de Tesorería, el objetivo será continuar con la política desarrollada desde el inicio de la legislatura y que nos ha permitido que este año Castilla-La Mancha haya batido varios récords en el pago a los proveedores, siendo la segunda Comunidad Autónoma en España que más rápido abonó sus facturas en el mes de agosto.
Por último, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido a los ingresos generales de la Junta de Comunidades, señalando que a 30 de septiembre de 2017 se habían reconocido derechos por un importe de 5.422,3 millones de euros, es decir, el 60 por ciento de las previsiones definitivas, lo normal a esa fecha.
“Eso supone que se han reconocido derechos por un importe de 417 millones más de los derechos reconocidos a esta misma fecha en el ejercicio 2016”, ha añadido Ruiz Molina.
En cuanto a los tributos gestionados por la Consejería de Hacienda, la recaudación a 30 de septiembre de este año era un 20 por ciento superior a la de la misma fecha del ejercicio anterior, es decir, 326 millones frente a los 274 millones recaudados a 30 de septiembre de 2016.
