El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, traslado a Plena Inclusión Castilla-La Mancha las medidas previstas en el Gobierno regional para mejorar el acceso a la función pública de personas con discapacidad.
A la reunión, que ha tenido lugar esta semana en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, han asistido, por parte del Ejecutivo regional, además de Ruiz Molina, el director general de Función Pública, José Narváez, y como representación de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, el presidente y el gerente, Luis Perales y Daniel Collado, respectivamente.
De acuerdo a lo transmitido por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, para realizar las mejoras en cuestión, el Gobierno regional propondrá la modificación de algunas disposiciones de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
En concreto, estos cambios irán dirigidos a mejorar el acceso al empleo público de las personas que acrediten discapacidad intelectual; garantizar la participación en las acciones formativas que lleve a cabo la Junta de Comunidades de empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad y a que las personas aspirantes en los procesos selectivos convocados por el sistema general de acceso libre y, en su caso, por el turno independiente para personas con discapacidad, puedan participar en la selección de bolsas de trabajo de personal funcionario interino y del personal laboral temporal.
Además de las propuestas de futuro, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha llevado a cabo numerosas mejoras en este ámbito desde el inicio de la legislatura.
Así, en las tres Ofertas de Empleo Público aprobadas hasta el momento se ha reservado el 7 por ciento de las plazas a personas con discapacidad. Esto ha supuesto la reserva de un total de 689 plazas, que se reparten entre 160 plazas en la OEP de 2016, 288 en la de 2017 y, finalmente, 241 en la correspondiente a este año.
En materia de contratación pública, se reserva a centros especiales de empleo y empresas de inserción el ocho por ciento del importe de todos los contratos que suscribe cada año la Administración regional. Además, este año se ha aprobado la incorporación de nuevas áreas de actividad que sean objeto de esta reserva de contratos.
Además, el Gobierno regional aprobó en 2016 la instrucción para incluir cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, conteniendo entre las estipulaciones el objetivo de facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
También a lo largo de la legislatura se ha formalizado el pago mensual a las entidades sociales del sector de atención a personas con discapacidad y se ha establecido el abono a primeros de mes de las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia, que tienen ahora la misma prioridad que las nóminas de los empleados públicos de la Junta de Comunidades.
