El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reiterado hoy que los empleados públicos de Castilla-La Mancha tendrán desde el 1 de enero de 2019 una jornada laboral de 35 horas semanales, tal como se ha comprometido el Gobierno de Emiliano García-Page.

Ruiz Molina así lo ha afirmado durante una intervención en las Cortes regionales, en la que ha señalado que para que se pueda aprobar esa jornada laboral para los empleados públicos se instará a los grupos parlamentarios a que presenten una proposición de Ley en ese sentido.

Una proposición de ley que, según ha manifestado Ruiz Molina, espera que sea aprobada por unanimidad de todos los grupos, dados los beneficios que supone tanto para los empleados públicos como para la ciudadanía en general.

En este sentido, Ruiz Molina ha enfatizado que la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos permitirá mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y, además, generar empleo público.

En este punto, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que en 2016 cuando durante unos meses estuvo implantada en Castilla-La Mancha la jornada de 35 horas semanales, el Ejecutivo de García-Page contrató a más de 400 profesionales sanitarios. Unos trabajadores, ha subrayado Ruiz Molina, que, a pesar de que la jornada de 35 horas fuera suspendida, “siguen prestando sus servicios en el SESCAM, porque se primó la calidad del servicio”.

Sobre la aprobación de una proposición de ley para aplicar la reducción de la jornada laboral de los funcionarios a partir del próximo año, Ruiz Molina ha indicado que no puede hacerse mediante otra fórmula porque “lo que está aprobado por Ley, hay que modificarlo por Ley”, al tiempo que ha recordado que Castilla-La Mancha es “la única Comunidad Autónoma que tiene regulada la jornada laboral por Ley”.

Así, ha incidido en que en Castilla-La Mancha no son aplicables las fórmulas empleadas en otras comunidades autónomas, ya que su jornada laboral no está regulada por Ley y, por tanto, “pueden hacer otro tipo de acuerdos”.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que el Gobierno regional ha continuado trabajando para que se volviera a la jornada de 35 horas semanales desde que una sentencia del Tribunal Constitucional la suspendió.

De esta forma, se mantuvieron conversaciones con la Secretaría de Estado de Función Pública del anterior Gobierno de España para explicarles la necesidad de modificar la legislación del Estado al objeto de que sean las comunidades autónomas las que puedan regular su jornada laboral; se aprobaron resoluciones en las Cortes regionales instando al Ejecutivo central a que modificara la legislación en esos términos e, incluso, se instó al Grupo Socialista en el Congreso a que presentara una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año en ese sentido, que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular.