El director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, ha abogado por la política de vivienda que sigue el Ejecutivo de García-Page en la que “los inmuebles no son sólo números sino los bienes donde viven los verdaderos protagonistas que son las personas”. Dejo constancia de la implicación del Gobierno regional en este tema social con herramientas como las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, recuperación de viviendas protegidas paralizads, políticas sociales con prioridad en colectivos sensibles para concesión de ayudas y adjudicación de viviendas.

Así lo ha puesto de manifiesto, antes de iniciarse la comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha para detallar la gestión en estas áreas dependientes de la Consejería de Fomento, y en la que ha destacado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha va a intentar sacar el mayor rédito a este plan, va a intentar continuar en sus reclamaciones para que mejore durante su vida pero, en cualquier caso, de los nueve programas que tiene el plan que ha lanzado el Ministerio de Fomento, todos y cada uno de ellos sí que va a ser explorados y exprimidos al máximo”, en referencia al Plan de Vivienda Estatal aprobado por el anterior Gobierno nacional por valor de 75,2 millones de euros para la Comunidad Autónoma.

Carrillo ha recordado que el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 incluye ayudas al arrendamiento y para jóvenes, dos programas para rehabilitación edificatoria, el de áreas de regeneración y renovación urbanas, otro para adquisición de vivienda para jóvenes y otra más para la promoción de la vivienda en alquiler.

En este término, el responsable de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento ha ensalzado la “seria implicación en materia social por parte del Gobierno de García-Page” a la hora de priorizar en ayudas y adjudicación de viviendas públicas a mujeres víctimas de violencia de género, personas objeto de un desahucio hipotecario, familias numerosas o asociaciones del tercer sector.

78 lanzamientos paralizados desde la creación de las OIH

José Antonio Carrillo ha recordado que desde que se crearon las OIH, en octubre de 2015, ya se ha paralizado un total de 78 lanzamientos hipotecarios, además de que ha añadido que “nadie que haya pasado por estas oficinas se ha quedado sin recurso habitacional y la mayoría de la gente, por no decir el 99 por ciento, ha mantenido la propiedad de sus casas”.

En este sentido, ha dado a conocer que los datos del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de 2018 muestran una reducción en más de 27 puntos en el número de desahucios, o según el Colegio de Registradores de la región, las certificaciones que acreditan los inicios de los desahucios también apuntan a un descenso de alrededor de 30 puntos. Igualmente, se ha referido a la falta de diálogo con el Gobierno anterior ya que “estos datos se deben también a la labor de todos, la disposición de las plataformas antidesahucios y de las entidades financieras con las que antes no había interlocución”.

Sobre el Plan de Vivienda 2018-2021

En relación al Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, el director general ha reiterado que ha sido conformado por el Gobierno nacional anterior y “no ha tenido el beneplácito de esta región, que hizo una serie de alegaciones y que no han sido escuchadas en su generalidad”. Así, ha recordado que “a nuestro juicio, no recogía las particularidades y necesidades de Castilla-La Mancha, pero este Gobierno regional va a ser leal con sus ciudadanos y va a exprimir el plan en la medida de lo posible”.

En esta línea, Carillo manifestó que “el plan deja de recoger ciertas reivindicaciones que han sido fruto del sentir de la sociedad castellano-manchega, como que se mantuvieran los tipos de interés de las viviendas protegidas en adaptación a las oscilaciones que ha tenido el mercado”. Se trata de una reivindicación para los vecinos y un gran trabajo de colectivos como la Asociación de Vecinos del Tajo, con el objetivo de facilitar la vivienda a los que más dificultades tienen.

Cierta reactivación del sector en el mercado inmobiliario

El director general se ha referido a la “cierta reactivación” que se ha producido en el mercado inmobiliario y a los cuales los planes de vivienda tienen que responder. Así ha insistido en que “estos planes son instrumentos principales en las políticas públicas de vivienda que lanza el Estado y que se firma en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y cuya principal función es dar ayudas en el ámbito de la vivienda en cada zona”. En términos generales, ha añadido que este tipo de ayudas tienen “un amplio contenido social y van dirigidas a la ciudadanía, aunque redunda en otros sectores de la población, como el de los empresarios”.

Así, José Antonio Carrillo se ha referido a la variación de los datos desde que este Gobierno está gestionando los planes de vivienda en base a los números del INE y del Ministerio de Fomento: el parque de vivienda en Castilla-La Mancha ha crecido un 6,81 por ciento (en el país un 4,14%), la reducción del stock ha sido del 2,62% en la región (del 4,31% en España), el número de operaciones sobre viviendas del ejercicio 2016-17 al 2017-18 ha subido un 10,67% en la Comunidad (y ha bajado un 6,05% en el país) o el alquiler de vivienda ha crecido un 17% en Castilla-La Mancha (un 10,7% en todo el país).

Un 212% más en ayudas en arrendamiento y un 814% más en ayudas a la rehabilitación

Las ayudas de arrendamiento entre 2013 y 2014 sumaro 8,6 millones, mientras que en la legislatura actual ya hay 11.145 ayudas con una inversion de 16,3 millones de auros. En el período 2015-2017 se alcanzó un 202 por ciento más en ayudas.

Sobre las ayudas a la rehabilitación edificatoria, el director general ha comparado las 134 ayudas a viviendas hasta junio de 2015, por valor de 200.000 euros y las 11.022 que se han concedido durante este mandado  que ascienden a 17,6 millones de euros. Esto se resumen en que “frente al periodo 2013-2015, en el 2015-2017 se han dado un 814 por ciento más en ayudas”.

Para finalizar, se ha referido a las ayudas para las Áreas de Regeneración y Reordenación Urbanas (ARRUs) con las que ya se han invertido 11 millones de euros, ocho de ellos de ayudas públicas, en 451 viviendas en Toledo, Sigüenza y Molina de Aragón. Del mismo modo, hay otros ocho municipios que pueden presentar sus proyectos, y así lo han manifestado, al próximo plan, como son Illescas, Toledo, Torrijos, Tembleque, Talavera de la Reina, Tarancón, Alcalá del Júcar y Alcázar de San Juan.