La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha trasladado que el Gobierno regional va a verificar, de forma paulatina, el estado físico del total de las viviendas públicas titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los correspondientes Informes de Evaluación de Edificios (IEE), un hecho para el que “por primera vez, contamos con la colaboración de los Colegios Oficiales de nuestra región”.
Así lo ha dado a conocer la responsable de Fomento después de firmar el convenio de colaboración con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), Eusebio García Coronado; y con José Antonio Vega, en representación del Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Castilla-La Mancha (CCOAATIE). El acto, además, ha contado con la presencia del director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo.
El primer convenio entre las partes tendrá una vigencia de cuatro años. Las partes se comprometen a hacer un informe riguroso y objetivo con profesionales colegiados. «Ambas entidades se comprometen a confeccionar un listado o bolsa de trabajo con los colegiados que en las distintas provincias estén interesados en realizar dichos informes». Desde la Consejería tramitarán los expedientes para adjudicar los trabajos en base a la normativa de Contratos del Sector Público.
Los informes realizados servirán a la Consejería de Fomento para conocer las necesidades de los edificios de su parque de viviendas y para actuar en los mismos, llevando a cabo las actuaciones requeridas para su mejora.
Según marca el Texto Refundido de Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, los propietarios de toda construcción o edificación que supere los 50 años, debe encomendar a un técnico competente, y cada 10 años, la realización del IEE. El Gobierno regional va a ir de la mano de esta iniciativa priorizando a los inmuebles más antiguos, aunque no hayan superado los 50 años de antigüedad, a través de la elaboración de sus correspondientes informes.
Esta medida no solamente permitirá cumplir obligaciones legales para cualquier propietario de viviendas, sino para «llevar a cabo un cuidado preventivo de los edificios de viviendas de titularidad autonómica detectando cualquier tipo de actuación que requieran». El objetivo final es una adecuada conservación y mejora en la calidad de vida de los habitantes.
Seguridad gracias a la supervisión y análisis periódico de estos profesionales del sector
“Hoy vamos un paso más allá y gracias a la colaboración, de la mano de los expertos, estamos dando un trato preferente a estas viviendas para arreglar las deficiencias y evitar que avancen las incidencias leves y se compliquen”, ha detallado la consejera.
En esta línea, García Élez ha explicado que “nos da mucha seguridad para nosotros y, sobre todo, para los vecinos de Castilla-La Mancha, que arquitectos y aparejadores supervisen y analicen periódicamente el estado de nuestras viviendas públicas”. Teniendo en cuenta la inversión que se ha destinado a arreglos y reparaciones para recuperar y finalizar promociones de viviendas de la legislatura anterior, la consejera ha apostado por una “prevención y supervisión” para luego corregir desperfectos en sus inicios y que no desemboquen en un gasto ingente de dinero”.
El Gobierno regional ha invertido 3,5 millones de euros para el arreglo y mantenimiento de VPP
Agustina García Élez ha destacado la “voluntad política” del Gobierno de García-Page en materia de vivienda recordando que ha sido una “prioridad” en esta legislatura, después de que al inicio de legislatura se encontraran el parque de vivienda pública en la región en un estado de “abandono absoluto” tras la gestión del anterior Gobierno, “sin ni siquiera un mínimo mantenimiento que permitiera entregar las viviendas a aquellas personas que las necesitaban”.
La titular de FOmento del Gobierno regional recordó que en la legislatura actual se invirtieron 3,5 millones de euros para arreglo y mantenimiento de viviendas públicas del parque de la Juna de Comunidades. En el anterior mandato la cifra fue de solo 1 millón de eruos. También subrayó: “las paralizaciones en la construcción de estas Viviendas de Promoción Pública (VPP) en los cuatro años de la legislatura anterior supusieron un importante incremento en el coste de las obras pendientes, porque paralizar siempre sale caro”.
Por el contrario, “el presidente Emiliano García-Page se comprometió a reanudar las obras en las promociones públicas paralizadas y es lo que viene cumpliendo para conseguir el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna”.
Como ejemplos de promociones que fueron abandonadas cuando estaban a punto de finalizarse, y que han sido fruto de un notable deterioro por el desuso o el vandalismo, ha citado las 27 de ‘Los Turieles’, de Talavera de la Reina; las 43 de Tarancón; las 14 de La Alberca de Záncara o las ocho de Campillo de Altobuey. Estas promociones se han rehabilitado, o se está en proceso de hacerlo, para entregarlas en régimen de alquiler a los demandantes que actualmente están registrados para tal fin.
