El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que la Ley ‘Antifracking’ en la cual se establecen una serie de requisitos que buscan impedir los proyectos de fractura hidráulica en la región a favor del medio ambiente sirva para “sentar jurisprudencia y se pueda impedir el fracking en todo el país”.
Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en una comparecencia hoy ante los medios de comunicación, donde ha recordado que esta norma, aprobada en marzo del año pasado con los votos a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el anterior Gobierno central, lo que provocó su suspensión cautelar y, ahora, el Tribunal Constitucional ha emitido “la primera sentencia favorable a una comunidad autónoma en cuanto a esta envergadura”.
A este respecto, ha dicho, “somos hoy la única Comunidad Autónoma española en la que esta práctica está prohibida consecuencia de una sentencia favorable a una región por parte del Tribunal Constitucional”, destacando que, en este asunto, ha tenido mucho que ver la forma en la que la normativa regional fue elaborada desde un principio, incluyendo la necesidad de elaboración de un plan estratégico como requisito previo en el cual se incluye una zonificación de la región con las zonas menos aptas para la práctica del fracking.
“Esta fue la estrategia que incluimos en el borrador de la ley desde el principio y la que nos ha valido hoy para obtener el aval del Constitucional porque se refiere exclusivamente a las competencias que Castilla-La Mancha tiene en materia de medio ambiente”, ha señalado. A esto se une que la normativa regional obligaba a la nueva aprobación de nuevos permisos a que se quedaran en espera mientras se elaborara este plan estratégico, así como a los permisos que ya estaban en marcha, que ya” desde ayer”, ha recordado, “no pueden hacer ningún tipo de proyecto en Castilla-La Mancha”, ni los que procedan del ámbito estatal o autonómico.
De esta forma, ha indicado que “no hay fracking hoy en Castilla-La Mancha, ni lo va a haber en un futuro”.
Francisco Martínez Arroyo ha mostrado “satisfacción” por la sentencia del Tribunal Constitucional conocida ayer que reconoce “que las cosas se hicieron muy bien desde el Gobierno de Castilla-La Mancha”, teniendo palabras de agradecimiento a todas aquellas plataformas ‘antifracking’, como las de Guadalajara, Campo de Montiel o El Bonillo, que se opusieron a los proyectos de fractura hidráulica y sus consecuencias para el medio ambiente; además de un especial recuerdo para la anterior consejera de Fomento, Elena de la Cruz, una “luchadora infatigable” frente a estas prácticas.
La retirada del recurso del ATC
En otro orden de cosas, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha también se ha referido al Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado por el anterior Gobierno central en la localidad conquense de Villar de Cañas.
En relación a ello, Francisco Martínez Arroyo ha explicado que este asunto se ha abordado también en el Consejo de Gobierno de hoy donde se ha analizado la actual situación, resaltando que “conviene trabajar con el actual Gobierno central para intentar que se retire el recurso presentado por anterior Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia para paralizar el espacio natural que rodea la laguna de El Hito”.
Durante los próximos meses, ha explicado, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene “distintas tareas” a desarrollar al respecto y ha destacado la “sintonía” con el actual Gobierno central que apuesta, al igual que la región, por un modelo de energía sostenible. Así, ha insistido en que “no es necesario crear un almacén temporal centralizado en ningún lugar y menos en Vilar de Cañas que no era el lugar para hacerlo” como ya indicaban los informes técnicos.
El responsable de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha ha anunciado que en próximas fechas se iniciarán los trabajos con el Ministerio de Transición Ecológica y se espera poder llegar a un “compromiso positivo” en un asunto en el que tanto el Gobierno regional como la propia sociedad civil ya han manifestado que “no quieren que en Castilla-La Mancha se instale ninguna basurero nuclear” y es que, ha concluido, “nos jugamos el futuro de los ciudadanos del mañana”.
