El director general de Carreteras y Transportes, David Merino, ha señalado hoy que “en Castilla-La Mancha no existe en la actualidad una problemática de competencia y convivencia entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTCs), y se ha mostrado confiado en que la entrada en vigor de este Real Decreto aprobado por el Ministerio “sirva para evitar futuros problemas como podría ser el aumento de las licencias cuyas autorizaciones están judicializadas”.
Así lo ha traslado Merino después de asistir a la Comisión de directores generales de Transporte del Estado y de las comunidades autónomas en la que han estado presentes la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez, y representantes de todas las regiones españoles para analizar el Real Decreto-Ley que modifica la Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de septiembre.
Este real decreto “deja en manos de las comunidades autónomas la regulación de las competencias del sector de los taxis y las VTCs”. Al respecto, Merino ha recordado que en la región “se supera por la mínima la ratio de un vehículo de alquiler por cada 30 taxis”, lo que “nos sitúa a la cola” en esta problemática.
El director general ha señalado que desde el Ministerio se ha expuesto que esta medida va a intentar dar solución a un problema surgido entre el sector del taxi y las VTCs, especialmente en las grandes ciudades. En este sentido, Merino ha emplazado a las reuniones periódicas que se van a convocar, en el marco de grupos de trabajo con el Ministerio para “trabajar en función de los intereses que más se adapten a las circunstancias de esta comunidad y a los intereses del sector”. Así, en próximas citas se irán desgranando todos los puntos de este Real Decreto para “abordar la aplicación del mismo y compartir prácticas y experiencias en aras de una convivencia ordenada entre estas dos formas de movilidad”.
Según fija la ley, durante un periodo transitorio de cuatro años el Real Decreto establece que el servicio se siga prestando como hasta ahora, pero una vez finalizado este periodo los servicios que realicen las VTCs serán solo interurbanos”, tal y como fija esta ley.
Durante esta moratoria, las comunidades trabajarán en la regulación de los servicios de VTCs, en lo que se refiere a trayectos urbanos, trabajo que se coordinará con los ayuntamientos ya que “serán los consistorios los que tengan la última palabra para decidir si los vehículos de alquiler con conductor también pueden prestar servicios urbanos en su término municipal”, ha resumido.
Según ha considerado Merino, “desde el Gobierno regional creemos que en nuestra comunidad en la actualidad no existe una problemática de interferencia entre ambas formas de transporte y con esta nueva regulación, que limita los servicios de las VTCs a interurbanos, se va a desincentivar el aumento de las autorizaciones en Castilla-La Mancha”.
Además, el Real Decreto-ley establece la “necesidad de modificar el régimen sancionador por el incumplimiento de la prestación del servicio de VTC y la puesta en marcha con carácter inmediato, antes de finalizar el 2018, de un registro telemático de las VTCs que prestan el servicio”.
En las próximas fechas, la Dirección General de Carreteras y Transportes, dependiente de la Consejería de Fomento, se reunirá con el sector del taxi para analizar las consecuencias en la región de esta delegación de competencias, que “en Castilla-La Mancha pretendemos asumir de forma colaboradora con los agentes implicados”.
