El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido cambiar una pésima gestión financiera en esta región durante la anterior legislatura, por otra dirigida al control del déficit y el endeudamiento y que está haciendo posible compatibilizar el saneamiento de las finanzas públicas con la recuperación económica y social.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha manifestado durante un debate general en las Cortes regionales, en el que ha resaltado que este cambio se ha producido contando el Ejecutivo de Emiliano García-Page “con los mismos recursos y con los mismos instrumentos” de los que disponía el anterior Gobierno.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que el leve incremento de las entregas a cuenta entre 2016 y 2018 ha sido compensado “con la necesidad y obligación de ir reduciendo el déficit y con la necesidad y obligación de ir desinflando las partidas de ingresos que estaban infladas cuando asumimos el Gobierno de esta región”. Por tanto, ha añadido, “en términos de capacidad de gasto estamos en la misma situación” que en la anterior legislatura.
De esta forma, lo que se ha puesto de manifiesto es que otros presupuestos, “con los mismos recursos y con los mismos instrumentos, eran posibles”, unos presupuestos diferentes que han permitido que desde el inicio de la legislatura se hayan incrementado en casi 700 millones los recursos destinados a recuperar el Estado de bienestar y en cerca de 117 millones los que tienen por objeto crear riqueza y empleo.
En relación con el ‘Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2016’, que emitió la semana pasada el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ruiz Molina ha recordado que se trata de un primer avance sobre el que posteriormente se suelen hacer modificaciones en la revisión que se lleva a cabo en el mes de octubre.
Según este primer informe, el déficit oficial de Castilla-La Mancha en el ejercicio 2017 fue de 288 millones, es decir, un 0,72 por ciento del PIB regional, cifra que supera en una décima el objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas, que para el año pasado era del 0,6 por ciento del PIB.
Sin embargo, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en valor que el Gobierno de Castilla-La Mancha “sí que ha hecho sus deberes y, por su parte, sí ha cumplido el objetivo de déficit”.
Así, Ruiz Molina ha explicado que si a esos 288 millones de euros de déficit se les restan los 25 millones de déficit con los que cerró el pasado ejercicio la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y los 33 millones de euros que se deberían haber ingresado por la liquidación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER) 2007-2013, y que aún no han sido ingresados por las instituciones europeas, el déficit imputable al Gobierno regional sería de 230 millones, lo que se traduce en el 0,57 por ciento del PIB regional, cifra que está por debajo del objetivo del 0,6 por ciento fijado para las comunidades autónomas.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha continuado su intervención resaltando que lo más importante es la tendencia. En este sentido, ha subrayado que se ha pasado de un déficit del 1,63 por ciento en 2015 a un déficit del 0,72 por ciento en 2017, es decir, que el Gobierno de García-Page ha conseguido reducir en solo dos años “más del 50 por ciento el déficit que se encontró”. En términos absolutos, se ha pasado de una necesidad de financiación de 605 millones de euros en 2015 a 313 millones en 2017.
Y, lo que aún es más importante, ha añadido Ruiz Molina, “una reducción que está siendo perfectamente compatible con la reconstrucción económica y social de Castilla-La Mancha”.
Respecto al déficit de las administraciones públicas en el pasado ejercicio, Ruiz Molina ha recordado que la Administración del Estado ha registrado una desviación del objetivo del 72 por ciento, ya que cerró 2017 con un déficit del 1,86 por ciento cuando el objetivo que tenía que cumplir era del 1,1 por ciento.
“Un objetivo, además, que se había auto fijado”, lo que, como ha recordado Ruiz Molina, ya se había criticado en su momento porque no es justo que a las comunidades autónomas se les exigiera un objetivo del 0,6 por ciento y el Gobierno central se establezca un objetivo del 1,1 por ciento, que es casi el doble.
En este sentido, “el Gobierno del Estado actúa como juez y parte”, y, además, “da poco ejemplo, porque frente a una desviación respecto al objetivo en Castilla-La Mancha del 16 por ciento, la desviación del Gobierno central ha sido del 72 por ciento”, ha lamentado Ruiz Molina.
Castilla-La Mancha cumplió el objetivo de deuda en 2017
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido a continuación al cumplimiento del objetivo de deuda para 2017 por parte de Castilla-La Mancha, resaltando asimismo que en esta magnitud también es importante la tendencia, ya que en 2017 la región fue la Comunidad Autónoma que más redujo el peso de su deuda en relación al PIB, en concreto, medio punto.
Si se compara la evolución del endeudamiento en lo que va de legislatura, Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda en relación al PIB, dado que la deuda de la región ha crecido dos décimas, mientras que la de la media de las comunidades autónomas ha crecido 1,1 puntos, es decir, ha crecido más de cinco veces más.
Para Ruiz Molina, la mejor forma de demostrar que las cuentas públicas están en un proceso permanente de saneamiento es que el Gobierno regional paga lo que debe y además lo hace en un tiempo récord. Así, mientras que en 2016 el periodo medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha fue de 22 días, en 2017 se redujo hasta los 12 días.
