La administración estadounidense ha emitido una nueva orden ejecutiva que busca reforzar la seguridad nacional y el bienestar de sus ciudadanos frente a los actores criminales y otras amenazas a la seguridad pública. En un momento en que las preocupaciones por la inmigración y la seguridad están en el centro del debate nacional, esta medida subraya el compromiso del gobierno con proteger a la población de quienes buscan infringir la ley.
En el corazón de esta política se encuentra un enfoque decidido sobre la vigilancia de aquellos individuos que tienen antecedentes penales, incluyendo a aquellos extranjeros que han ingresado o se han quedado en el país en contravención de las leyes de inmigración. Esto podría incluir criminales que operan tanto a nivel nacional como internacional, lo que genera una necesidad urgente de medidas de intervención efectivas para salvaguardar a la población.
La orden ejecutiva otorga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la responsabilidad de salvaguardar las fronteras del país, lo que implica también la interdicción de personas y bienes que intentan ingresar ilegalmente. Dentro de esta función, el DHS tendrá acceso a la información de antecedentes penales administrada por agencias de justicia criminal del gobierno federal, lo que le permitirá mejorar su capacidad para detectar y responder a amenazas que buscan hacer daño a los Estados Unidos.
Además, la orden contempla el intercambio de registros de condenas con naciones aliadas, especialmente aquellas que forman parte del Programa de Exención de Visa (VWP), que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a los EE. UU. por turismo o negocios sin necesidad de una visa. Este intercambio se realiza bajo acuerdos bilaterales o multilaterales, asegurando que se proteja la privacidad de los ciudadanos estadounidenses y se sigan las leyes correspondientes.
Es importante destacar que la implementación de esta política estará sujeta a la disponibilidad de apropiaciones, lo que significa que su efectividad dependerá en gran medida de los recursos financieros destinados a estas iniciativas.
El gobierno ha dejado claro que esta orden no se interpretará como la creación de derechos o beneficios que puedan ser exigidos contra el país o sus entidades. Así, esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por la administración para responder a los desafíos complejos que enfrenta el país, en un contexto donde la seguridad y la legalidad se presentan como prioridades indiscutibles.
Fuente: WhiteHouse.gov
