En un intento por transformar el panorama educativo de Estados Unidos, el presidente ha emitido una orden ejecutiva que busca empoderar a padres, comunidades y estados, argumentando que la intervención federal ha fallado en su propósito. En un contexto donde el gasto público en educación ha alcanzado cifras elevadas, el mandatario critica la actual estructura del Departamento de Educación y su legado burocrático, proponiendo su cierre como medida drástica pero necesaria.
La orden destaca que, durante la pandemia de COVID-19, el gobierno federal invirtió cerca de 200 mil millones de dólares en sistemas escolares, además de los 60 mil millones anuales que se destinan a financiar la educación a nivel federal. Sin embargo, a pesar de esta inversión, el rendimiento educativo ha caído a niveles alarmantes. Las cifras del último informe de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo revelan que un 70% de los estudiantes de octavo grado no alcanzan el nivel de competencia en lectura y un 72% en matemáticas. Ante este panorama, el presidente cuestiona la efectividad del Departamento de Educación, argumentando que ha creado un sistema de control que no beneficia a las familias ni a los estudiantes.
El mandatario sugiere que la experiencia con el Departamento de Educación, creado en 1979, ha sido un esfuerzo infructuoso por centralizar el control educativo. Con esta propuesta de cierre, se prevé que la responsabilidad educativa regrese a los estados y comunidades locales, lo que podría mejorar la implementación de programas y la efectividad del uso de recursos destinados a la educación. Se plantea que la actual gestión de la deuda estudiantil, que supera los 1.6 billones de dólares, sea reestructurada, enfatizando que el Departamento de Educación no debe funcionar como un banco, sino dejar que esa función recaiga en entidades diseñadas para tal fin.
Además, la orden establece que cualquier asistencia federal a programas educativos debe cumplir con pautas estrictas, desincentivando lo que se etiqueta como “discriminación ilegal” bajo términos como «diversidad, equidad e inclusión». De esta manera, el presidente busca asegurar que la cooperación federal en educación refleje los principios prioritarios de su administración.
La implementación de esta medida requerirá la intervención del Secretario de Educación, quien se encargará de ejecutar los pasos necesarios para cerrar el departamento y devolver las responsabilidades educativas a los estados, asegurando al mismo tiempo que se mantengan los servicios básicos para los ciudadanos.
Con esta iniciativa, el presidente espera no solo eliminar la burocracia asociada con la educación a nivel federal, sino también fomentar un entorno en el que las familias y comunidades tengan más voz y poder en el proceso educativo, reafirmando su convicción en la importancia de un sistema educativo que sirva a las necesidades de todos los estudiantes.
Fuente: WhiteHouse.gov
