El mercado inmobiliario español está a las puertas de un cambio crucial con la llegada del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que el Gobierno ha anunciado y que entrará en vigor en 2026. Este ambicioso proyecto, ideado bajo el mandato de Pedro Sánchez, promete incrementar el presupuesto dedicado a la vivienda pública, un aspecto que ha suscitado gran interés. No obstante, los recientes datos de la Intervención General de la Administración del Estado revelan que de los 4.175 millones de euros asignados al Ministerio de Vivienda para 2024, únicamente se ha ejecutado un 41,6% hasta la fecha. Esta situación ha generado preocupación entre los expertos, quienes subrayan la necesidad urgente de una planificación presupuestaria más eficiente.
Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y figura clave en la dirección de Fincas Blanco, ha hecho un llamado vehemente a no solo plantear intenciones sino también a implementar una planificación rigurosa. En sus declaraciones, destaca la urgencia de formular un plan de vivienda a largo plazo, que esté respaldado por un presupuesto que sea tanto coherente como transparente. Blanco insiste en que estas medidas son esenciales para garantizar que el mercado de alquiler sea accesible y sostenible para todos.
Entre las iniciativas recientes, se ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda que empezará operaciones en el primer semestre del próximo año. Este nuevo organismo gestionará unas 30.000 viviendas del ‘banco malo’, con 13.000 unidades listas para ocupar de inmediato. Sin embargo, Blanco enfatiza que el verdadero éxito del plan dependerá de su capacidad para extender sus beneficios más allá de los objetivos inmediatos, adoptando una estrategia que contemple el medio y largo plazo.
En este contexto, Blanco recalca la importancia de adaptar las políticas a los cambiantes patrones demográficos y sociales, tales como el aumento de familias monoparentales. Como parte de su visión, sugiere aumentar la edificabilidad y permitir la segregación de fincas para mejorar la densidad en áreas prioritarias, además de promover infraestructuras que mejoren el acceso a viviendas situadas hasta 50 kilómetros de las grandes ciudades.
Por otro lado, Blanco advierte sobre la falta de utilización de los presupuestos asignados a iniciativas como el Bono Alquiler Joven, dotado con 200 millones de euros desde octubre, debido a la ausencia de convocatorias en varias comunidades autónomas. Para Blanco, es crucial asegurar que el mercado de alquiler sea accesible y sostenible, un objetivo que podría alcanzarse mediante un mayor número de licencias para la conversión de locales comerciales en viviendas, siempre y cuando esta reconversión no dependa exclusivamente del sector privado.
«Si el sector público no asume su responsabilidad económica, las soluciones serán insuficientes y el problema estructural de la vivienda persistirá», alerta Blanco. Concluye señalando la importancia de redistribuir los ingresos generados por el mercado inmobiliario. En un país donde este sector contribuye significativamente a las arcas del Estado, es indispensable que parte de estos recursos se destinen a políticas de vivienda efectivas y sostenibles.
