Durante su intervención en el pleno de las Cortes, la diputada de la formación naranja ha planteado varios interrogantes a la titular de la consejería de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, para poder entender la situación que todavía se vive en las residencias a causa del Covid-19. La diputada centrista ha expuesto como la desconexión entre el sistema de bienestar social y el sanitario ha provocado una respuesta tardía y limitada que ha acrecentado la gravedad de la pandemia y ha de corregirse. De la misma manera, ha pedido que se ponga en el centro la atención a la persona con independencia de su edad y de sus necesidades. Y es que según ha planteado López, “el actual modelo basado en residencias se ha quedado obsoleto y es necesario actualizarlo ya que ni la esperanza de vida es la que existía cuando se pensó en ellas, ni las demandas de ese colectivo son las mismas”.
“Probablemente sea el momento de replantearnos un análisis del modelo asistencial”, ha reconocido la diputada, quien ha resuelto que “el modelo actual existente en nuestro país hace que personas con una gran vulnerabilidad compartan espacios y compartan cuidadores, lo que los lleva a estar expuestos ante cualquier tipo de infección”.
Tomando como referencia los datos registrados en Castilla-La Mancha, los cuales arrojan cifras tan elevadas como 2.528 usuarios de residencias de mayores con coronavirus, más de 7.400 residentes contagiados, y suponiendo un máximo de un 80% de fallecidos en nuestra comunidad, la diputada liberal no ha podido dejar de calificar este hecho de “terrible”, ya que según ha indicado, a fecha de hoy, “no sólo no se han logrado frenar los contagios, sino que desde que empezara el mes de julio se han sumado 430 nuevos casos”.
Ante situaciones como esta, desde la formación de centro han sido conscientes y han conseguido que en el Pacto para la Reconstrucción firmado con socialistas y el Gobierno se incluyan medidas como la de “aplicar de manera obligatoria las normas de calidad UNE sobre la gestión de servicios en las residencias de mayores, tanto las referentes a la gestión integral, como de espacios, dotaciones y personal, así como incluir la obligatoriedad de formación especializada de todas las personas que trabajan en residencias de atención a mayores y personas con discapacidad, tanto de gestión pública como privada, y un plan de seguimiento e inspección de las residencias”.
