Toledo, 22 de junio de 2017.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado hoy que el Gobierno de Emiliano García-Page ha compatibilizado la recuperación de derechos de los empleados públicos, tanto los de carácter económico como los de carácter social, con la recuperación económica y social de aquellos que peor lo pasaron en los años de crisis económica y, todo ello, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas.
Ruiz Molina así lo ha resaltado durante una intervención en el pleno de las Cortes regionales, en el que ha manifestado que del balance de la gestión del Ejecutivo de García-Page en materia de empleo público se puede afirmar que el resultado es de un “aprobado con muy buena nota”.
En este sentido, Ruiz Molina ha explicado que el trabajo del Gobierno regional en estos dos años se salda con más de una treintena de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos de la Administración autonómica, lo que se ha hecho, además, cumpliendo por primera vez en el ejercicio de 2016 con el objetivo de déficit, el de deuda pública y con la regla de gasto y con la primera prioridad que tiene el Gobierno regional que es la lucha contra el desempleo.
El Ejecutivo castellano-manchego ha impulsado esa recuperación de los derechos de los empleados públicos, además de por mejorar sus propias condiciones retributivas y laborales, porque son fundamentales para recuperar la calidad de los servicios públicos que la Administración regional presta a la ciudadanía.
Esta recuperación ha sido posible, en primer lugar, por el restablecimiento del diálogo social, para lo que ha habido que recomponer los puentes de comunicación con los sindicatos rotos en la anterior legislatura y que ha supuesto que hasta la fecha la Dirección General de Función Pública haya mantenido 75 reuniones con los sindicatos.
Fruto de ese diálogo resultan las más de treinta medidas que se han llevado a cabo hasta la fecha y entre las que destacan, la readmisión de 189 interinos despedidos ilegalmente por el anterior Ejecutivo regional o la restitución de las 35 horas semanales a los empleados públicos, que posteriormente anuló el Tribunal Constitucional tras un recurso del Gobierno del PP.
También se alcanzó un acuerdo el pasado año en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para la recuperación de los derechos laborales y retributivos de los empleados públicos, que permitió la devolución íntegra de la paga extraordinaria suprimida en la anterior legislatura, la fijación de un calendario de recuperación de la disminución del 3 por ciento salarial y la recuperación del permiso por incapacidad temporal y de los días por antigüedad.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha resaltado la aprobación de dos ofertas de empleo con 2.244 plazas, de las que 750 corresponden a educación, 274 a Administración General, 190 a personal laboral y 1.030 a personal estatutario.
Además, el presidente de Castilla-La Mancha fue el que encabezó la propuesta a nivel nacional para eliminar la tasa de reposición en los servicios públicos esenciales.
Ruiz Molina también se ha referido al incremento de la plantilla de empleados públicos en 2.176 efectivos desde junio de 2015 y a la convocatoria y resolución de dos concursos de traslados de funcionarios de la Administración General con un total de 926 plazas.
Sobre los concursos de traslados, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha adelanto que el próximo lunes, 26 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica un tercer concurso de traslados, con 1.250 plazas vacantes. Por tanto, más de 2.100 plazas a concurso en dos años de legislatura para facilitar la promoción profesional de los funcionarios y la conciliación de la vida personal y laboral.
Entre las medidas aprobadas en materia de función pública, Ruiz Molina también ha mencionado el incremento del 1 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos en 2016, la ampliación del contrato de los interinos desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, la reducción de las ratios de educación, el aumento de la plantilla de educación en 814 profesores y la estabilización de 1. 1.525 profesionales sanitarios que han pasado de tener nombramientos precarios renovados mensualmente a nombramientos de interinidad o de sustitución de larga duración.
Así, también se ha referido a la creación de 1.042 nuevas plazas sanitarias, la recuperación progresiva de la totalidad de la plantilla del servicio de prevención de riesgos laborales de los empleados públicos, la reincorporación de 120 orientadores laborales despedidos por el anterior Gobierno regional y a las negociaciones muy avanzadas del nuevo Convenio Colectivo de la Junta para el personal laboral, que afecta a 7.000 trabajadores.
Además de las medidas ya tomadas, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado asimismo algunos de los avances en esta materia que se incluían en los presupuestos de 2017, como la recuperación del primer 1,5 por ciento de la llamada ‘tasa Cospedal’, la aprobación de nuevas ofertas de empleo público más numerosas, el incremento del número de docentes en 415 profesores o la contratación de más personal sanitario para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Y, a pesar de contar con los presupuestos prorrogados de 2016, Ruiz Molina ha subrayado que el Gobierno regional sigue trabajando con los representantes de los empleados públicos y en este momento se está negociando la revisión del Plan de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, la actualización del Plan de Igualdad de 2011, la elaboración del Plan Director de Riesgos Laborales y la aprobación de una orden para la recuperación del programa de acción social.
En el ámbito docente se va a desarrollar un plan de atención a la diversidad, se va a potenciar el plan de formación de profesorado y se va a elaborar un estudio sobre compatibilidades en el sector docente. Por su parte, en el área sanitaria se va negociar la movilidad interna en el ámbito de la atención primaria, la gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario, se va a promover el desarrollo de especialidades de enfermería y se van a crear nuevas categorías sanitarias, como técnicos de farmacia o técnicos de documentación clínica.
Por último, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido al proceso de recuperación de derechos y mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos durante los ejercicios 2018 y 2019, indicando que en esos dos años está previsto la recuperación del 3,5 por ciento salarial, la aprobación de nuevas ofertas de empleo público, la contratación de más personal docente y sanitario y seguir reduciendo ratios, entre otros avances.
