Castilla-La Mancha autoriza la impartición online de sus programas de Formación Profesional para el Empleo, y amplía el plazo de ejecución de aquellos programas que tuvieron que suspender su actividad a causa de las medidas de distanciamiento social y de paralización de la actividad económica decretadas para frenar la expansión del COVID-19.

La Orden, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, afecta a los programas que se imparten en la Modalidad I, Modalidad II, Dual Empleo, Recual, CREA y Formación Plus, y busca estabilizar la impartición online para garantizar el mantenimiento de los talleres formativos en circunstancias como las sobrevenidas por la crisis sanitaria, además de facilitar la finalización de aquellos programas que fueron suspendidos ante la imposibilidad de impartirse de manera virtual. El Diario Oficial recoge hoy, también, la convocatoria de ayudas para el asesoramiento y actividades de divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, cuyo plazo de solicitud, de 15 días, se abre mañana.

Dentro del decálogo de medidas económicas contra el COVID-19 que se aprobó el 17 de marzo, apenas tres días después de la declaración del estado de alarma en todo el país con motivo del COVID-19, el Gobierno autonómico ya flexibilizó los requisitos para autorizar la impartición online de los programas de Formación Profesional para el Empleo, facilitando así que más de 220 acciones pudieran desarrollarse en el marco del Estado de Alarma por la pandemia y garantizando la continuidad de la formación a más de 3.500 alumnos. El pasado miércoles, una resolución de la Consejería de Sanidad levantaba la suspensión de la modalidad presencial de la Formación Profesional para el Empleo, por lo que se pueden reanudar aquellos cursos que se habían suspendido ante la imposibilidad de trasladarse a la modalidad online durante la pandemia.

La Orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo que recoge hoy el DOCM abre la puerta a que la modalidad online en la Formación Profesional para el Empleo se convierta en una opción consolidada, para garantizar la continuidad de los cursos formativos en circunstancias como las que ha vivido el país en las últimas semanas. La aplicación se extiende a la formación dirigida a personas ocupadas (Modalidad I); a la formación dirigida a personas desempleadas, incluida aquella con compromiso de contratación (Modalidad II); al programa de formación profesional en empresas, con compromiso de contratación, para jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil (Dual-Empleo); a los proyectos de formación y prácticas no laborales para jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil (Formación Plus); a los programas desarrollados en el seno de las empresas (CREA); y los programas de recualificación y reciclaje profesional (Recual); además de la formación impartida en centros dependientes de la Junta y de la FP para el Empleo que no formen parte de esta oferta.

La ampliación de plazos de ejecución establece que estos se amplían, en los programas y acciones de formación no finalizadas y que se han visto afectadas por las medidas extraordinarias de contención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, “en un periodo equivalente al de vigencia de las medidas de suspensión” de la Formación Profesional presencial establecidas en el Decreto 8/2020, de 12 de marzo.

Ayudas para la difusión y concienciación en la prevención de riesgos laborales
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha también ha recogido, en su edición de hoy, la convocatoria de ayudas para fomentar el desarrollo de actividades de asesoramiento, divulgación y difusión en materia de prevención de riesgos laborales, una convocatoria que está dotada con 670.000 euros y cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre mañana y durante un periodo de 15 días.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las organizaciones empresariales y sindicales intersectoriales más representativas en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que tengan domicilio fiscal en la región, cuenten con un plan de prevención de riesgos laborales y que no hayan sido sancionadas, en virtud de resolución o sentencia judicial firme, por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud; además de tener que encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, con la Seguridad Social y de reintegro de subvenciones públicas.