Desde la Fundación CEPAIM buscar recordar que se está hablando de personas obligadas a huir de sus hogares, fuera de las fronteras de su país de nacionalidad o de residencia, para evitar la persecución, el conflicto, la violencia y las violaciones de derechos humanos que ponen en riesgo la vida, la integridad y la dignidad como seres humanos.
Una realidad que va en aumento, y sobre la que se vuelve necesario actuar para conseguir un mundo más justo, igualitario, intercultural e inclusivo, libre del racismo, la xenofobia y la discriminación.
El 20 de junio de 2020 es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, un día de preocupación pero también de reconocimiento a todas aquellas personas que se encuentran aquí, lejos de sus familias y de sus hogares. Un día de conmemoración y celebración del ejercicio de los derechos humanos fundamentales, como es el derecho al asilo.
Este año, el Día de las Personas Refugiadas coincide con una época de incertidumbre a causa de la emergencia sanitaria global, pero ello debe reforzar el compromiso como CEPAIM y como sociedad con los derechos humanos, y con el derecho de asilo en particular.
La fortaleza de la sociedad debe medirse por su defensa de los derechos de todas las personas en momentos como éste.
El derecho a solicitar asilo no puede ser, bajo ninguna circunstancia, suspendido, y las personas que huyen y buscan protección deben ser objeto de ataques indiscriminados, racistas, ni violentos para impedirles dicha solicitud.
Las actitudes que se viven en las propias fronteras de la Unión Europea no merecen sino rechazo y condena.Exigimos que se adopten medidas para que no se vuelvan a repetir en el futuro.
En el contexto actual de emergencia sanitaria y fuertes consecuencias sociales y económicas para las personas más vulnerables de la sociedad, es necesario resaltar en este día la necesidad de avanzar en la protección de las personas refugiadas por motivos climáticos; reforzar el sistema nacional de acogida de solicitantes y beneficiarios de protección internacional de forma que se provean las condiciones de vida adecuadas y dignas para aquellas personas solicitantes, así como garantizar el derecho a solicitar y obtener una resolución en tiempos razonables; de reformar la legislación española en materia de asilo de manera que se unifique en una sola normativa las distintas formas de protección internacional a las personas necesitadas de ella, del asilo a la apatridia, pasando por la protección subsidiaria, la protección temporal y las razones humanitarias; contando con mayores garantías procesales y especial atención a las vulnerabilidades específicas de las personas solicitantes. Si estas exigencias eran ya necesarias antes de la pandemia por Covid-19, se han convertido en más necesarias y urgentes, si cabe, con motivo de la actual crisis sanitaria, social y económica.
El cómo afrontemos estos retos nos definirá como sociedad y mostrará nuestro grado de compromiso con los Derechos Humanos.
