El Gobierno regional ha incrementado un 178 por ciento en dos años el número de centros de trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que han sido objeto de una evaluación de riesgos laborales, pasando de analizar 79 centros en 2015 a un total de 220 el año pasado.
Estos datos están recogidos en las memorias de actividades del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración regional, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
De acuerdo a las mismas, la evaluación de riesgos es un proceso a través del cual los centros de trabajo tienen conocimiento de su situación respecto de la seguridad y la salud de sus trabajadores. El objetivo es elaborar propuestas que responsan a una planificación preventiva, recogiendo medidas concretas para eliminar riesgos o, al menos, minimizar las consecuencias negativas de la materialización de los mismos.
El incremento en el número de centros que han sido objeto de esa evaluación de riesgos ha permitido a su vez duplicar el número de trabajadores beneficiados por las mismas y así, de 2015 a 2017, se ha pasado de 1.708 a 3.450 empleados beneficiados.
Por su parte, dicho aumento ha sido posible gracias a que se han incrementado un 80 por ciento las visitas realizadas por los servicios de prevención de riesgos laborales a los centros de trabajo de la Administración General de la Junta de Comunidades, pasando de 176 en 2015 a 316 en 2017.
El crecimiento en la actividad del servicio de Prevención de Riesgos Laborales es posible gracias a la recuperación de la casi totalidad de las plazas de esta área, que durante la anterior legislatura fueron suprimidas.
En esta línea, se crearon y ocuparon las plazas de técnicos de prevención para las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo y se pusieron en marcha las dos Unidades de Prevención de Riesgos Laborales que se eliminaron en la anterior legislatura en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara.
Además, se constituyó el Comité Regional de Salud Laboral para la revisión del modelo del servicio propio de prevención y otros tres comités sectoriales para el personal docente no universitario, el personal de las instituciones sanitarias y el personal de la Administración General.
