El director general de la Función Pública emitió el pasado jueves una escueta Instrucción por la que impone al personal laboral y funcionario de administración general de la JCCM las fechas en las que han de disfrutar de sus vacaciones. Lo hizo sin convocar ni a la Mesa Sectorial del Personal Funcionario ni a la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral; y sin ni siquiera comunicarlo oficialmente a las organizaciones sindicales.
CCOO ha presentado hoy sendos recursos al Contencioso y a la Sala de lo Social del TSJ porque, a nuestro juicio, la Instrucción incumple de forma flagrante Ia ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; así como la Orden de Horarios, que no ha sido modificada para tal objeto.
Estos recursos se suman a los ya interpuestos por CCOO y por otros sindicatos contra la Resolución de Función Pública sobre la reincorporación al trabajo presencial en la Administración autonómica.
Ya teníamos pendientes de resolución en los tribunales varios pleitos contra actos del Gobierno de CLM: Decreto de altos cargos; modificación de RPT; creación de puestos de libre designación sin justificación; creación de plazas ad-hoc…
Pero ahora, bien a través de Resoluciones e Instrucciones o bien a través de su interpretación, el Gobierno está provocando sin razón aparente un aumento del nivel de conflictividad en la Administración Autonómica; a base de restringir de forma unilateral y sin necesidad ni fundamento los derechos de sus trabajadores, con medidas que no se justifican y que en algunos casos pueden incluso resultar contrarias a los intereses generales, como la obligatoriedad de irse de vacaciones cuando más falta hacen en determinados servicios.
El Gobierno de CLM está prescindiendo cada vez más de cualquier interlocución con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras (RLT) de la JCCM; despreciando de antemano cualquier opinión, propuesta o reivindicación que puedan trasladar los sindicatos en nombre de sus representados.
Simultáneamente, mientras se cercenan en papel oficial los derechos de los funcionarios y laborales de la JCCM y se obvia a sus representantes, desde el inicio de la pandemia se suceden desafortunadas declaraciones públicas achacando motivaciones indignas a los empleados públicos y cuestionando velada o abiertamente la legitimidad ética y el valor social de sus derechos laborales.
Nos preocupa profundamente. Consciente o inconscientemente, se está enviando a la ciudadanía un mensaje tan injusto como peligroso. Radicalmente injusto con los servidores públicos; y muy peligroso para la consideración social de los Servicios Públicos.
Pedimos encarecidamente al Gobierno de CLM que reflexione y que recupere el diálogo social con la RLT en el ámbito de la JCCM, convocando cuanto antes las mesas de negociación del Personal Funcionario y del Personal Laboral para afrontar desde diálogo y el acuerdo la compleja situación que vivimos, en la que es imprescindible que la Administración dé la talla y funcione a pleno rendimiento, y no a golpe de autos y sentencias judiciales.
