El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha instado a la creación de una agenda común pactada a medio plazo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para combatir la despoblación. Durante la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, Martínez Guijarro resaltó la importancia de alcanzar acuerdos que brinden estabilidad a los programas y medidas destinadas a contrarrestar este fenómeno.
En su intervención, el vicepresidente primero subrayó la necesidad de avanzar hacia la cogobernanza en esta materia, destacando que solo a través de la colaboración y el consenso será posible vencer este desafío. Propuso superar el modelo de convocatorias de ayudas y, en su lugar, llegar a acuerdos a medio plazo que permitan la implementación efectiva de medidas en las zonas afectadas por la despoblación.
Martínez Guijarro hizo hincapié en la importancia de la transversalidad de las políticas, citando el ejemplo de la vivienda, donde abogó por la formulación de medidas específicas adaptadas a la problemática de los pequeños municipios. Asimismo, señaló que es fundamental avanzar en políticas a medio plazo, dados los datos positivos de frenar la despoblación y en algunos lugares, incluso lograr un aumento en la población.
En cuanto a la colaboración entre regiones, el vicepresidente primero resaltó la importancia de la colaboración entre Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, la cual fue fundamental para conseguir ayudas para las provincias de Cuenca, Teruel y Soria. Además, destacó que el gobierno de Castilla-La Mancha logró una resolución favorable del Comité de las Regiones para que la Unión Europea zonifique por debajo de los límites provinciales y que las políticas contra la despoblación puedan beneficiar a comarcas concretas.
En resumen, la petición de Martínez Guijarro durante la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico busca establecer una agenda común a medio plazo que brinde estabilidad y efectividad a las políticas y medidas contra la despoblación, promoviendo la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en esta importante materia.
