Castilla-La Mancha es la primera Comunidad Autónoma en aplicar, en su ámbito territorial, las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público previstas en el título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, del Gobierno de España.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado hoy el acuerdo del Consejo de Gobierno, que permitirá aplicar las medidas contenidas en este Real Decreto-Ley en la comunidad autónoma y en las entidades locales de Castilla-La Mancha.
Según esta norma, la revisión excepcional de los precios de los contratos de obras resulta de aplicación incluso en aquellos casos en que, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no pueda aplicarse la revisión de precios establecida en dicha ley.
Principales aspectos del Real Decreto-Ley
La norma se refiere, sólo y exclusivamente, a los contratos de obras que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley y no se prevé su aplicación a los de suministro o servicios.
La mencionada revisión se reconocerá cuando el incremento de precios haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021. Se considera que existe impacto relevante cuando el aumento del coste de los materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre exceda del 5 por ciento del importe certificado del contrato en dicho ejercicio.
En cualquier caso, la cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato.
Procedimiento para la revisión excepcional de precios
En cuanto al procedimiento, el contratista debe presentar la solicitud en el plazo de dos meses a contar, bien desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, o bien desde la publicación de los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes, relativos al último trimestre de 2021.
Estimada la solicitud por el órgano de contratación, la cuantía resultante de la aplicación de la fórmula que proceda según la norma se aplicará en la certificación final, pudiendo el órgano de contratación realizar pagos a cuenta a la fecha de pago de cada certificación de obra.
El objetivo fundamental de este acuerdo es tratar de equilibrar la economía de los contratos afectados por el incremento de precios de las materias primas y materiales de construcción, experimentados fundamentalmente en 2021, de manera que las obras puedan terminar en los términos acordados en los contratos.
Para el Gobierno regional, la obra pública y el sector de la construcción son claves para contribuir a la generación de empleo, así como para mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración, a través de la mejora de las infraestructuras.
